El bloque oficialista decidió no acompañar la sesión de este miércoles y volvió a reclamar una definición institucional sobre la legisladora radical Alejandra Ferrero. Cuestionó la actuación de la conducción de la UCR frente a la causa judicial que involucra a Omar Ludueña, quien se desempeñaba en el despacho de la legisladora.
El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba decidió este miércoles no dar quórum en la Legislatura provincial y volvió a poner en el centro de la discusión política la situación de la legisladora radical Alejandra Ferrero, a raíz de la investigación judicial que involucra a Omar Ludueña.
La medida fue comunicada antes de la 17ª sesión ordinaria prevista para este 7 de octubre y constituye una nueva escalada en un conflicto que ya había provocado el levantamiento de una sesión en septiembre.
Ludueña, empleado de la Legislatura que se desempeñaba en el despacho de Ferrero, se encuentra involucrado en una investigación judicial por presuntos delitos contra la integridad sexual.
Desde Hacemos Unidos sostienen que, más allá del trámite judicial, existe una dimensión institucional que debe ser abordada dentro de la propia Legislatura.
“Desde el inicio sostuvimos que la legisladora Alejandra Ferrero debía solicitar licencia o dar un paso al costado mientras avanzara la investigación. No como una condena anticipada, sino como un gesto de respeto hacia la víctima y de resguardo de la propia Legislatura”, expresó el bloque en un comunicado.
Un reclamo que viene desde septiembre
Uno de los dirigentes que viene impulsando públicamente esa posición es el legislador Leonardo Limia.
Semanas atrás, Limia había reclamado el apartamiento temporal de Ferrero hasta que se esclarecieran las circunstancias vinculadas con el caso y planteó la necesidad de aplicar el mismo criterio institucional frente a situaciones similares, independientemente del espacio político involucrado.
“Es importante aclarar que Omar Ludueña se encuentra involucrado en una investigación judicial por presuntos delitos contra la integridad sexual, causa que está siendo investigada por el Poder Judicial. Sin embargo, la situación institucional corresponde también a esta Legislatura, dada su vinculación funcional con el despacho de la legisladora Alejandra Ferrero”, expresó.
El planteo tuvo ya una primera consecuencia parlamentaria el 22 de septiembre, cuando Hacemos Unidos abandonó el recinto después de que no prosperara un pedido relacionado con el apartamiento de Ferrero y la sesión terminó quedándose sin quórum.
Ahora, el oficialismo volvió a utilizar la misma herramienta ante lo que considera una falta de respuestas de la conducción radical.
Cuestionamientos a la UCR
En el comunicado difundido este miércoles, Hacemos Unidos sostuvo que continúan existiendo interrogantes respecto de cuándo se conocieron los hechos denunciados, quiénes estaban al tanto y cómo actuaron las autoridades partidarias e institucionales.
El bloque apuntó especialmente contra el presidente de la UCR de Córdoba, Rodrigo de Loredo, y afirmó que la conducción partidaria no dio hasta ahora la respuesta que, a su criterio, requiere el caso.
“Pedimos que no haya doble vara. El mismo criterio que se aplica a los demás debe sostenerse cuando el caso involucra al propio espacio político”, sostuvo Limia.
La expresión forma parte de una discusión política más amplia dentro de la Legislatura sobre qué respuesta institucional corresponde adoptar cuando existen investigaciones judiciales que involucran a personas vinculadas funcionalmente con legisladores o bloques.
Hacemos Unidos también cuestionó que otros sectores opositores no hayan acompañado su posición.
Una causa judicial y una disputa institucional
La investigación penal continúa bajo la órbita del Poder Judicial y no existe, hasta el momento, una determinación judicial de responsabilidad respecto de los hechos denunciados.
Ferrero había solicitado el apartamiento de Ludueña de sus funciones luego de que el caso tomara estado público.
La disputa que plantea ahora el oficialismo se concentra en la responsabilidad política e institucional de la legisladora y de la conducción radical frente al manejo de la situación.
“Para nuestro bloque, ese silencio y esa protección configuran una complicidad política profundamente preocupante”, expresó Hacemos Unidos, en una caracterización rechazada hasta ahora por el radicalismo.
Con la decisión de no dar quórum, el oficialismo volvió a trasladar el conflicto al funcionamiento mismo de la Unicameral y dejó abierta una pulseada política que ya atravesó dos sesiones legislativas.
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