Elecciones y reforma constitucional. Violencia e injerencia occidental cada vez menos disimulada. Todo un continente olvidando a la primera nación en liberarse del yugo colonial. Dialogamos con Jean Buteau, dirigente haitiano de Alternativa Socialista.
Haití aplaza una vez más las elecciones presidenciales que están en lista de espera hace diez años. ¿La década no votada?
Lo venimos cubriendo cada tanto en esta columna. La realidad del país haitiano es difícilmente comparable con otra realidad latinoamericana. El primer pueblo nación que se liberó de yugo colonial sufre la más drásticas de las violencias neocoloniales.
Haití está prácticamente aislada. No aparece con frecuencia en los reportes de noticias de agencias latinoamericanas. No salen con frecuencia en las redes o medios sus desgracias, las cuáles superan en gravedad a muchas de otros países de la región. Sí aparecen en los portales europeos, pero sin mayor profundización ni problematización. No se pisan su propia cola.
El país sufre tener al 80% de su territorio capitalino tomado por bandas criminales armadas principalmente con municiones que llegan desde los Estados Unidos, país señalado por nuestro entrevistado como uno de los principales garantes del caos institucional que reina en la isla compartida con República Dominicana.
En esta columna, retomamos el diálogo establecido a principio de año con Jean Buteau, dirigente político de Alternativa Socialista, quien nos cuenta sobre el actual estado de situación del país olvidado por el continente.
Votar que nadie vote
La última vez que Haití votó para presidente fue en el año 2016. Allí ganó Jovenel Moïse, pero su mandato quedó trunco y marcado por la inestabilidad institucional, culminando trágicamente con su asesinato en julio de 2021 sin que desde entonces se hayan celebrado comicios para elegir a su sucesor.
Desde entonces, el rumbo del país ha estado en manos de administraciones interinas y autoridades ajenas al sufragio popular, pero no al poderoso círculo de las embajadas occidentales que opera en la isla. Estas gestiones tuteladas siguen hace cinco largos años sin ofrecer respuestas concretas y reales a una población agobiada por la violencia extrema y la crisis humanitaria deliberada.
A comienzos de esta semana, el Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció la postergación formal del inicio de la campaña -que debía haber comenzado el pasado lunes- y dejó en suspenso la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos programada para el 13 de diciembre.
Si bien la inscripción de candidatos online se extendió hasta finales de octubre y el registro de votantes sigue en marcha, el organismo admitió que se requiere un «nuevo cronograma adaptado a los profundos desafíos operativos y de seguridad del país», donde las bandas armadas controlan gran parte de la capital.
«En el contexto actual, las elecciones son imposibles», advierte Jean Buteau, dirigente de Alternativa Socialista.
Sin embargo, el entrevistado sostiene que detrás de los comicios hay una jugada mayor:
«Pienso que la comunidad internacional puede permitir la transición hacia un gobierno electo, pero sumiso para construir una nueva normatividad con los grupos armados. Y el equipo actualmente en el poder se asegura una cierta perennidad»
Reforma Constitucional ¿a favor de quién?
El Primer Ministro, Alix Didier Fils-Aimé, señala que la Constitución vigente hace «ingobernable» al país y «genera constantes parálisis institucionales».
El mandatario, elegido por nadie, cuenta con el apoyo de la ONU, OEA, Estados Unidos y la «comunidad internacional», léase Países Bajos, Francia, Reino Unido y España, entre otras naciones occidentales.
Pero ¿qué Constitución es la que se quiere reformar?
La carta magna vigente es la de 1987, sancionada por plebiscito tras el derrocamiento por movilización popular de la sangrienta dictadura dinástica de François «Papa Doc» y Jean-Claude «Baby Doc» Duvalier en febrero de 1986.
Aprobada por mayoría popular, aquella carta magna consagró conquistas populares históricas.
Por primera vez oficializó el idioma kreyòl, garantizó derechos para el campesinado frente al despojo terrateniente y estableció ciertos «candados» institucionales para impedir la vuelta del autoritarismo, prohibiendo la reelección inmediata y creando un poder ejecutivo compartido para frenar el surgimiento de nuevos tiranos.
Hoy, ese pacto fundacional de la democracia haitiana, actualmente poco cumplido y respetado, enfrenta su posible redefinición.
Con la excusa de volver «gobernable» a un país sumido en el caos, la actual gestión interina impulsa una reforma constitucional -apoyada en las sombras por los intereses de las embajadas occidentales- que busca abolir el Senado, eliminar la figura del primer ministro para concentrar todo el poder en el Presidente y permitir la reelección consecutiva. Recordemos que desde el 2020 el Congreso haitiano está vacante.
La oposición política y los movimientos sociales denuncian que este proceso violenta el propio artículo 284.3 de la carta de 1987, el cual prohíbe explícitamente alterar la Constitución mediante referéndum.
Buteau sostiene que hay cambios para hacerle a la carta magna, pero no los que propone el premier.
Jean sostiene que el debate en torno a las modificaciones normativas responde a agendas ajenas a las urgencias populares:
«La reforma constitucional es una prioridad para los estadounidenses. Muchos sectores reaccionarios abogan por una reforma constitucional y algunos hacen propuestas muy delirantes. Pienso que hay cosas que se deberían modificar pero no es el momento ni la forma», expresa.
Una espiral de violencia interminable
«Del 1 de enero al 11 de septiembre, mi oficina contó al menos 5.700 personas muertas o heridas a manos de bandas o en operaciones efectuadas contra ellas», declaró recientemente el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, en Ginebra, Suiza.
Volker advirtió también sobre 230 secuestros de personas y la violación de más de 1000 mujeres e infancias. Además, alertó que las cifras reales serían probablemente «más elevadas».
Cifras que representan miles de vidas, sueños y familias sumidas por el terror.
Solo un ataque llevado a cabo a finales de agosto en la comuna de Kenscoff, un municipio ubicado en la periferia montañosa al sureste de Puerto Príncipe, dejó más de 45 personas ejecutadas en un solo día, de las cuales unas 22 fueron masacradas en el interior de una iglesia.
Pero ¿quién decide por Haití en las mesas del poder internacional?
A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió por seis meses más -hasta el 31 de marzo de 2027- la permanencia de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití.
La medida, respaldada por 12 países y con las abstenciones de China, Rusia y Pakistán, busca sostener el despliegue internacional frente al avance de la violencia criminal con la meta de alcanzar la presencia de 5.500 efectivos en el territorio haitiano. Recordemos que estos efectivos son de la Misión Especial de Kenia. se puede repasar sobre aquella polémica decisión.
La resolución impulsada por Washington y Panamá mantiene la asistencia logística de la ONU a este contingente, que reemplazó a la anterior misión multinacional.
De esta manera, Estados Unidos -con la venia del premier haitiano y las respectivas autoridades más los países aliados- sigue teniendo una gran influencia en la política haitiana.
Mientras… miles son asesinados cotidianamente. Gritos que parecen no escucharse más allá de los propios límites del país.
La entrada Haití: «La reforma constitucional es prioridad para los estadounidenses» se publicó primero en El Resaltador.
