El conflicto que mantiene paralizada a la principal productora avícola de la Argentina ingresa en horas decisivas.
Este jueves, los representantes gremiales de la planta de Granja Tres Arroyos se reunirán con las autoridades de la compañía y funcionarios del ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en una audiencia que busca encauzar una crisis social e industrial de alto impacto.
En contacto con TN, Adrián Rodríguez, delegado del establecimiento, confirmó la convocatoria y sintetizó el reclamo con el que irán a la mesa de negociación: “El pedido central será la reapertura de las operaciones y la reincorporación de la totalidad del personal despedido, con el objetivo de garantizar la continuidad laboral y destrabar un conflicto que nos mantiene paralizados desde hace semanas”.
La expectativa en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento es absoluta. Con apenas 15.000 habitantes, el municipio vive pendiente de la planta, que constituye el verdadero motor económico de la zona.
A finales de agosto, la firma argumentó problemas de suministro eléctrico y razones de fuerza mayor para suspender la actividad de manera indefinida.
Días después llegaron los telegramas: más de 700 despidos, de los cuales 554 correspondieron a familias de esta localidad.
Rumores, incertidumbre y la voz del portón
A la angustia por las cesantías masivas se sumó en los últimos días una serie de trascendidos que caldearon el clima social.
Frente a versiones que indicaban que la empresa había ofrecido salarios adeudados a cambio de productos avícolas, los referentes gremiales desmintieron rotundamente la información.
“Esa propuesta nunca se nos hizo, vi una publicación pero es mentira. No sé de dónde habrá salido eso”, señaló Rodríguez.
Sin embargo, entre los testimonios de quienes quedaron en la calle surgen los matices de una cotidianeidad precarizada.
Una ex trabajadora de Capitán Sarmiento relató la entrega puntual de mercadería que la fábrica necesitaba liberar de sus cámaras de frío, aclarando que no formó parte del haber mensual: “Nos dieron una caja de 20 pollos de exportación, de tamaño chico. Pero no fue como parte de pago, fue para vaciar la parte que tenían congelada y que tenían que sacar. Nada más, no es parte de pago eso”.
El desplome operativo en Capitán Sarmiento es la cara más visible de una crisis de alcance nacional.
La espiral de desvinculaciones que comenzó a fines de 2024 supera los 1730 cesanteados en distintas provincias.
La sangría incluye 450 despidos en Esteban Echeverría, 50 en Pilar, el cierre definitivo de la planta Avex en Río Cuarto (Córdoba) con 350 operarios afectados, la suspensión total en la sede de Pinazo y alrededor de 250 despidos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
El trasfondo financiero terminó de formalizarse en los tribunales: la firma controlada por la familia De Grazia recurrió a la Justicia para solicitar la apertura de su concurso preventivo de acreedores a través de la sociedad Wade, buscando reorganizar un pasivo que asciende a los US$ 350,9 millones.
La medida judicial fue el desenlace tras el fracaso de una reestructuración privada comandada durante meses por un banco de inversión, que buscaba quitas de hasta el 75% del capital y plazos de repago a siete años.
Con la vía financiera judicializada y cientos de familias a la espera de respuestas concretas, la audiencia de este jueves en la sede ministerial bonaerense marcará la temperatura real de las conversaciones para definir si es posible reactivar las cadenas de producción o si la parálisis continuará profundizándose.
