El gobierno denunció a las empresas que buscan extraer petróleo en las Islas Malvinas, por la exploración, perforación y futura eexplotación comercial de hidrocarburos offshore en la Cuenca Malvinas Norte (Plataforma Continental Argentina) sin autorización ni concesión del Estado argentino. Según la denuncia, a la que tuvo acceso TN, la demanda incluye a “directores, administradores, representantes, gerentes o intermediarios de las empresas involucradas que hayan tomado decisiones o participado en la ejecución de los hechos”.
La presentación apunta directamente contra las firmas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, su controlante Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La acusación no solo abarca a las estructuras corporativas, sino también a sus directivos y administradores, por incurrir en las figuras penales previstas en la Ley 26.659 de protección de la plataforma continental. Dicha norma reprime con penas de hasta 15 años de prisión las tareas de exploración y extracción hidrocarburífera no autorizadas en aguas de jurisdicción argentina.
La denuncia penal fue presentada a las 21.30 del lunes ante la Justicia Federal por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
El detonante del accionar judicial fue el reciente anuncio de las propias compañías, que informaron haber alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID).
El plan contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de almacenamiento y descarga (FPSO) con la meta de extraer comercialmente el primer barril de petróleo (First Oil) en 2028.
Para la Cancillería, la puesta en marcha de esta infraestructura en áreas sobre las que Argentina ejerce derechos soberanos consolida un avance ilícito sobre los recursos naturales del país.
Además de las sanciones penales, el escrito al que accedió TN solicita embargos preventivos, inhibiciones generales de bienes y el decomiso de los equipos, insumos e hidrocarburos que eventualmente se extraigan.
La presentación pide investigar la posible comisión de delitos de contaminación ambiental bajo la Ley de Residuos Peligrosos y contrabando previsto en el Código Aduanero. Con el impulso del Ministerio Público Fiscal, la causa busca congelar el financiamiento y la logística de un megaproyecto que desafía la soberanía argentina en el mar austral.
