Jerome Sanabria, quien fue integrante del equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, aseguró en un video publicado en X que los afiliados que alcancen cierto número de semanas cotizadas antes del 1 de abril de 2027 podrán permanecer bajo las normas de la Ley 100 de 1993, pese a la entrada en vigencia prevista de la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.
La joven relató el caso de una mujer afiliada a Protección que, según contó, acumulaba cerca de 200 millones de pesos y temía perder la posibilidad de solicitar la devolución de sus saldos a causa del nuevo esquema. La persona, dijo Sanabria, tenía unas 860 semanas de cotización. “Tranquila, a usted la reforma pensional no le afecta”, afirmó al recordar el diálogo.
Según su explicación, el número de semanas permitiría que la afiliada quede cobijada por el régimen de transición, que conservará las condiciones de la legislación vigente antes de la reforma.
La reforma tiene como fecha prevista de aplicación el 1 de abril de 2027, luego de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024.
El sistema establece cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual. Las personas que reúnan las exigencias de transición mantendrán, en principio, las reglas anteriores para su futura pensión.
Sanabria indicó que podrán permanecer en el sistema de la Ley 100 las mujeres que, al 1 de abril de 2027, acrediten al menos 750 semanas cotizadas. En el caso de los hombres, el umbral será de 900 semanas.
“No les cobija la nueva ley”, sostuvo en el video, al referirse a quienes entren en ese grupo. La condición depende del registro de aportes y no de la edad que tenga el trabajador en la fecha de corte.
La norma contempla que los afiliados incluidos en la transición sigan vinculados al régimen que les corresponda, público o privado, bajo las disposiciones previas. Esto no implica que obtengan de forma automática una pensión o una devolución de recursos, pues cada caso deberá cumplir los requisitos aplicables según el régimen, la edad, el capital acumulado y las semanas registradas.
En el caso narrado por Sanabria, la mujer podría solicitar la devolución de saldos al llegar a los 57 años, según explicó. Esa opción corresponde a quienes estén en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y no logren acceder a una pensión, de acuerdo con las condiciones legales previstas para cada afiliado.
La joven recomendó revisar el extracto del fondo privado o la historia laboral expedida por Colpensiones. Allí figura el total de semanas reconocidas, los periodos reportados por los empleadores y los aportes efectuados durante la vida laboral.
“Ahí les dice la totalidad de semanas que tienen”, señaló Sanabria. También propuso una cuenta aproximada para quienes quieran estimar sus aportes: un año equivale a 52 semanas y un mes representa cerca de 4,3 semanas. Sin embargo, la cifra definitiva será la que aparezca en los registros de la administradora pensional.
La revisión cobra relevancia para los trabajadores que estén cerca de los mínimos requeridos. Quienes tengan inconsistencias en su historia laboral deberán iniciar los trámites de corrección ante el fondo respectivo o ante Colpensiones, con los soportes de sus vínculos laborales y cotizaciones.
En su intervención, Sanabria diferenció a los afiliados cobijados por la transición de quienes no alcanzarán las semanas mínimas. Señaló que estos últimos deberán acogerse al modelo previsto por la reforma, que contempla aportes obligatorios a Colpensiones hasta un umbral de ingresos establecido en la ley.
La joven cuestionó ese componente y afirmó que afectará a trabajadores jóvenes o con pocas semanas acumuladas. “Nos toca acogernos de forma obligatoria a esta reforma”, expresó.
También mencionó que, según su caso personal, apenas ha cotizado unas 100 semanas. Con ese nivel de aportes, no alcanzaría el requisito para mantenerse bajo la Ley 100 cuando llegue la fecha de corte.
La entrada en vigor proyectada para el 1 de abril de 2027 deja a los afiliados con varios meses para consultar su información, verificar el número de semanas y corregir eventuales omisiones en sus registros.
