El Tribunal Oral Federal N°5 de CABA comenzó a juzgar a siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 y a Eduardo Massera, hijo del exjefe de la Armada Emilio Massera, por un plan sistemático de apropiación de propiedades y otros bienes de personas secuestradas durante la última dictadura. Los hechos ocurrieron entre 1977 y 1981 y tuvieron al menos nueve víctimas.

El Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó este miércoles 30 de septiembre el juicio contra siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y Eduardo Enrique Massera, hijo del represor y excomandante en jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera. El proceso investiga un esquema organizado para despojar de sus bienes a personas secuestradas durante el terrorismo de Estado.

Los hechos que forman parte del debate ocurrieron entre 1977 y 1981 y tuvieron como víctimas a nueve personas. La investigación reúne las causas conocidas como “Chacras de Coria” y “Bienes Basterra”, vinculadas con apropiaciones de inmuebles, dinero, vehículos, documentación y otros bienes.

Los acusados son Jorge Eduardo Acosta, alias “el Tigre”; Alberto Eduardo González, “Gato”; Jorge Carlos Radice, “Ruger”; Juan Carlos Rolón, “Niño”; Juan Antonio Azic, “Piraña”; Adolfo Miguel Donda Tigel, “Palito”; y Ricardo Miguel Cavallo, “Sérpico”. También está imputado Eduardo Enrique Massera.

El tribunal está integrado por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Obligado, quien preside el órgano. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal Félix Pablo Crous, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y el auxiliar fiscal Mariano Donzelli.

Durante la primera audiencia se leyeron las partes correspondientes de los requerimientos de elevación a juicio de las causas acumuladas. El proceso continuará el 14 de octubre a las 10, cuando seguirá la lectura de las acusaciones. Luego, los imputados podrán declarar y comenzará la etapa de testimonios.

Una estructura organizada para apropiarse de bienes

En la causa “Chacras de Coria”, la Fiscalía atribuye a Jorge Eduardo Acosta el rol de organizador de una asociación ilícita integrada, entre otros, por Radice, Rolón, González y Eduardo Massera. Según la acusación, la estructura tenía como objetivo apropiarse de los bienes de personas secuestradas y detenidas clandestinamente en la ESMA y de sus familiares.

El esquema habría incluido distintas maniobras: apropiación de propiedades, falsificación de documentación, utilización de identidades falsas, saqueo de viviendas y transferencias fraudulentas de dominio.

La investigación también describe el uso de personas secuestradas para realizar trabajos obligatorios y sin remuneración, entre ellos tareas de refacción y mantenimiento de inmuebles, contabilidad y actividades relacionadas con la administración de negocios inmobiliarios.

Para darle apariencia legal a las operaciones, la organización habría creado y administrado inmobiliarias y contado con la colaboración de inmobiliarias y escribanías. De esta manera, se buscaba canalizar y vender las propiedades obtenidas mediante los desapoderamientos.

Según la acusación, la asociación habría funcionado desde fines de 1976 y continuado hasta que sus integrantes dejaron de desempeñarse en el Grupo de Tareas y la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA.

En el caso de Eduardo Massera, abogado, la Fiscalía ubica su incorporación a la organización a comienzos de 1977 y le atribuye participación en la estructura jurídica y societaria utilizada para administrar y transferir los bienes obtenidos mediante las maniobras.

Las propiedades de Chacras de Coria y otros bienes apropiados

Uno de los principales hechos investigados está relacionado con 25 hectáreas ubicadas en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, que pertenecían a la sociedad Cerro Largo S.A.C.I.A.

Sus accionistas, Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Horacio Palma y Omar Massera Pincolini, habían sido secuestrados en enero de 1977 y permanecieron recluidos en la ESMA. La acusación sostiene que la asociación ilícita creó sociedades para apoderarse de los terrenos.

El expediente también contempla el desapoderamiento de un inmueble perteneciente a Jorge Carlos Muneta, ubicado sobre la avenida Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires; la apropiación de una propiedad de la calle Besares; y la incorporación de datos falsos en la escritura de otra unidad ubicada en esa misma calle.

En este último caso, el inmueble fue transferido el 18 de octubre de 1978 a Juan Héctor Ríos, identidad que, según la acusación, era utilizada por Radice.

El debate incluye además los bienes de Nilda Noemí Actis Goretta, a quien se le habrían quitado dos inmuebles en La Plata; 500.000 pesos en dinero y valores que estaban en poder de Marcelo Camilo Hernández; un automóvil Chevrolet perteneciente a Hugo Abraham Tarnopolsky; y la biblioteca de Mercedes Inés Carazo, entre otros bienes.

Extorsiones y documentos falsos desde la ESMA

La causa también investiga maniobras de extorsión y falsificación de documentación utilizadas para concretar las apropiaciones.

Según la acusación, el secuestro de Conrado Higinio Gómez tuvo, además de la persecución ideológica, una finalidad económica. Mientras permanecía cautivo en la ESMA, integrantes de la organización -entre ellos Acosta, Rolón, Radice y Cavallo- lo habrían obligado mediante intimidaciones a entregar diez caballos de carrera pura sangre.

En paralelo, Acosta, Rolón, González, Radice y Cavallo habrían presionado a personas vinculadas con Cerro Largo S.A.C.I.A. para que entregaran la documentación y el patrimonio de la sociedad, incluidas las 25 hectáreas de Chacras de Coria.

La Fiscalía sostiene además que, por órdenes de Acosta y Radice, un grupo de personas secuestradas fue obligado a elaborar documentación falsa para acreditar identidades ficticias de integrantes del Grupo de Tareas.

Para realizar esas tareas se habría utilizado incluso un laboratorio de fotografía y fotomecánica que funcionaba dentro de la ESMA.

De acuerdo con la acusación, esos documentos permitieron que distintos integrantes de la estructura utilizaran identidades falsas. Radice habría utilizado el nombre de Juan Héctor Ríos; Francies Whamond, los de Federico Williams y Mario Rodríguez; Alejandro Spinelli Mentotti, el de Felipe Pagés; Daniel Berrone, el de Pascual Gómez; y Miguel Ángel Benazzi, el de Marcos Adolfo Hers.

Posteriormente, las identidades falsas habrían sido empleadas para avanzar en operaciones fraudulentas y en el desapoderamiento de bienes, incluyendo la incorporación de declaraciones falsas en actas notariales.

El caso de los bienes de la familia Basterra

La segunda causa incorporada al juicio, denominada “Bienes Basterra”, tiene como eje el inmueble de Aída Lucinda Aguirre de Basterra, madre de Víctor Melchor Basterra, quien permaneció secuestrado en la ESMA.

En este expediente, Adolfo Donda Tigel y Juan Antonio Azic están acusados de haber obligado mediante intimidación a la mujer a poner a disposición de la asociación ilícita una propiedad ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús.

Para concretar el desapoderamiento, la víctima habría sido obligada a firmar un poder especial irrevocable que permitía transferir el dominio del inmueble.

La operación se concretó el 9 de septiembre de 1980 y forma parte de las maniobras de apropiación patrimonial que ahora son analizadas por el Tribunal Oral Federal N°5.

La entrada Juicio a integrantes de la ESMA por el robo de bienes de personas secuestradas durante la dictadura se publicó primero en El Resaltador.