El fondo de inversión KKR ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el que deberá pagar una multa récord de 250 millones de dólares (215 millones de euros) para evitar así el proceso en marcha por incumplir "reiteradamente" el procedimiento de revisión antimonopolio en operaciones de fusión.
El Gobierno estadounidense presentó una demanda en la que alegaba que KKR evitó el escrutinio de las autoridades sobre al menos 16 transacciones diferentes, violando la ley antimonopolio de 1976.
La legislación exije que las partes involucradas en operaciones como adquisiciones, ventas o fusiones que impliquen un tamaño considerable deben presentar informes ante las autoridades encargadas, que deben estipular si la transacción cumple con los requisitos necesarios y no afecta en gran medida a la competencia.
El Departamento de Justicia aduce que KKR como firma de capital privado con suficiente experiencia en la cuestión conoce perfectamente la legislación vigente, puesto que desde 2021 han presentado al menos 100 de estas notificaciones.
Según la demanda presentada, entre 2021 y 2022 KKR incumplió reiteradamente sus obligaciones previas a la fusión en al menos 16 transacciones. La empresa habría infringido la ley alterando información en ocho de los casos, omitiendo por completo la presentación de documentos en al menos dos de ellas, y excluyendo de manera sistemática documentación obligatoria en los informes de al menos otras diez transacciones.
"Esta histórica multa civil de 250 millones de dólares --más de 20 veces superior a cualquier multa anterior impuesta por el Departamento de Justicia en virtud de la Ley HSR-- envía un mensaje contundente: el Departamento está comprometido con la aplicación rigurosa de la Ley. Los requisitos de la Ley protegen la competencia al brindar al Departamento de Justicia la oportunidad de investigar transacciones potencialmente ilícitas. Las empresas que incumplan sus obligaciones legales se enfrentarán a graves consecuencias", ha sostenido el fiscal general adjunto Stanley Woodward.
