Alex Saab, conocido como testaferro del chavismo, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero relacionado con contratos para suministrar alimentos y medicinas a Venezuela. La admisión, realizada el 15 de septiembre ante una corte federal de Miami, coincide con la reactivación en Ecuador de una investigación sobre una empresa vinculada al empresario colombiano que movilizó USD 159,8 millones mediante el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).
La confesión de Saab corresponde al programa venezolano CLAP y no constituye una admisión específica sobre las operaciones realizadas en Ecuador. El empresario reconoció haber obtenido al menos USD 195 millones de seis contratos y aceptó entregar esa cantidad al Gobierno estadounidense como parte del acuerdo de culpabilidad. También admitió haber utilizado empresas bajo su control, intermediarios, documentación falsa y pagos a funcionarios venezolanos para conseguir y mantener contratos estatales.
El caso ecuatoriano corresponde a una etapa anterior de la trayectoria empresarial de Saab. La compañía investigada fue Fondo Global de Construcciones, conocida como Foglocons, relacionada con Saab y su socio Álvaro Pulido, también mencionado en la confesión de Saab. Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, la empresa recibió aproximadamente USD 159,8 millones mediante operaciones canalizadas por el SUCRE, bajo el argumento de exportar desde Ecuador hacia Venezuela estructuras y materiales prefabricados destinados a proyectos de vivienda.
El SUCRE fue creado como un mecanismo de compensación entre los bancos centrales de los países participantes para facilitar el comercio regional. Las empresas realizaban sus operaciones comerciales y los bancos centrales registraban y compensaban las obligaciones correspondientes, reduciendo la necesidad de utilizar dólares en cada transacción bilateral.
El problema apareció cuando las autoridades ecuatorianas contrastaron los recursos movilizados con las mercancías que supuestamente respaldaban esas operaciones. Las investigaciones determinaron una diferencia extraordinaria entre el dinero recibido por Foglocons y las compras y exportaciones que podían ser sustentadas documentalmente. La compañía llegó a recibir cerca de USD 160 millones, mientras sus adquisiciones registradas a proveedores eran muy inferiores a ese monto.
Los controles aduaneros también detectaron una brecha superior al 98 % entre el dinero liquidado mediante el mecanismo y el valor de las mercancías cuya exportación pudo ser acreditada. La investigación ecuatoriana planteó así la posibilidad de que el SUCRE hubiera sido utilizado para dar apariencia de operaciones comerciales a movimientos de dinero que no tenían un respaldo equivalente en bienes.
La Fiscalía ecuatoriana llegó a bloquear más de USD 57 millones relacionados con Foglocons. Sin embargo, una decisión judicial ordenó posteriormente liberar los fondos y declaró la nulidad de actuaciones dentro del proceso. La jueza Madeline Pinargote, quien intervino en esas decisiones, fue posteriormente condenada por prevaricato.
El expediente volvió a ser revisado en 2026. El 8 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional ordenó a la Comisión de Fiscalización actualizar y ampliar el informe elaborado en 2021 sobre el caso SUCRE-Foglocons. La comisión comenzó ese trabajo en julio y recibió nueva documentación del Banco Central del Ecuador.
El 7 de septiembre, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe actualizado. El documento, que debe ser conocido por el Pleno, incorpora un expediente certificado de 11.121 fojas y plantea nuevas recomendaciones para que se determinen eventuales responsabilidades sobre el manejo de los recursos y las decisiones que permitieron liberar los fondos relacionados con Foglocons.
La revisión parlamentaria también permitió dimensionar el peso de Venezuela dentro del SUCRE. Según información proporcionada por el Banco Central, Ecuador registró aproximadamente USD 2.697 millones en operaciones mediante ese sistema entre 2010 y 2019. Cerca del 99 % correspondió a transacciones con Venezuela.
El nuevo escenario coincide con el acuerdo de culpabilidad de Saab en Estados Unidos. El empresario aceptó además cooperar con los investigadores y proporcionar información cuando sea requerido. Hasta ahora, sin embargo, no existe una declaración pública que establezca que Saab haya reconocido haber utilizado el SUCRE para lavar dinero o que su acuerdo de culpabilidad se refiera directamente al caso Foglocons.
La coincidencia entre ambos expedientes permite volver a examinar una etapa temprana de la expansión empresarial de Saab. En Ecuador, la investigación se concentra en una operación en la que una compañía de su entorno movilizó USD 159,8 millones mediante un sistema diseñado para facilitar el comercio regional, mientras las autoridades cuestionaron que los movimientos financieros estuvieran respaldados por exportaciones equivalentes.
El informe actualizado de la Comisión de Fiscalización está previsto para ser conocido por el Pleno ecuatoriano el 17 de septiembre.
