La Corte Suprema de Justicia desestimó este martes un recurso que frenaba un DNU del Gobierno Nacional que planteaba la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En diciembre de 2023, mediante la firma del DNU 70/23, el gobierno de Javier Milei intentó derogar la Ley de Tierras Rurales en el artículo 154. Tras esto, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata promovió un amparo contra esta iniciativa. Esta presentación judicial tuvo un rechazo en primera instancia pero luego la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y ordenó registrar nuevamente la causa como un proceso colectivo. La presentación de la organización planteaba que la derogación de la Ley 26.737 afectaba a la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Argentina, considerados como un "bien colectivo". El fallo de la Corte Suprema de este martes lo que plantea es que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar el DNU en los tribunales. Esto ya que la soberanía territorial es un elemento constitutivo del propio Estado y estas competencias estatales no pueden encuadrarse bajo la categoría de “bien colectivo”. Por esto, y al no existir un bien colectivo afectado, la Corte considera que no se configuró un derecho de incidencia colectiva que habilitara la personería de la asociación civil para litigar en este asunto. El fallo aclara, además, que la sentencia se limita exclusivamente a resolver la falta de legitimación de la parte actora y, por ende, la ausencia de un caso judicial. Pero no hace un pronunciamiento sobre la validez constitucional del DNU 70/2023.