El abogado Darío Gabriel Graff protagonizó una escena tan confusa como riesgosa en la frontera con Bolivia, muy lejos de su casa en Haedo, en el oeste del conurbano bonaerense. El episodio comenzó cuando la Policía de Salta salió a investigar un presunto secuestro en Orán y terminó con el penalista detenido y más de 35 kilos de cocaína secuestrados.
Ocurrió el primer sábado de octubre, cerca de las 15.30, cuando un llamado al 911 alertó que un hombre había sido obligado “a punta de pistola” a subir a una camioneta de alta gama color oscuro y de vidrios polarizados, en la esquina de las calles Alvear y Alberdi.
Los policías que recibieron el alerta fueron a las cámaras de seguridad e identificaron a dos vehículos, una Toyota Prado gris -propiedad del abogado- y una VW Amarok con pedido de secuestro activo.
Los efectivos montaron un operativo cerrojo. Primero encontraron la Amarok abandonada en un camino al río Bermejo, con el motor en marcha, las puertas abiertas y dos bultos en el asiento, sin rastros de sus ocupantes.
Muy cerca apareció la Toyota, conducida por Graff y con un corte a la altura del tanque de combustible. Con autorización judicial, abrieron los dos paquetes hallados en la Amarok: eran más de 35 kilos de cocaína.
La principal hipótesis es que la droga era, originalmente, trasladada en el vehículo del abogado y que fue emboscado y mexicaneado por un grupo armado. Por esa razón, con intervención del fiscal Marcos Romero, fue imputado por transporte de estupefacientes.
En la audiencia, Graff tuvo la oportunidad de dar su versión. Dijo que había sido secuestrado por la compra de una casa en Villa Celina. Aseguró que lo había contactado por ese motivo “gente de Bolivia”. Como la operación no se concretó, lo acusaron de haberse quedado con unos 70 mil dólares.
Según su versión, había viajado a Orán por otro motivo: “comprar celulares en la frontera”. En ese contexto, lo interceptaron, lo llevaron hasta la ruta 18 y quisieron ejecutarlo. Por último, aseveró que, por una razón que él mismo no se explica, lo dejaron junto a la camioneta con la cocaína. “La jueza no le creyó”, resumieron las fuentes. Le dictaron 30 días de prisión preventiva, que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones horas atrás.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que Graff, según informó Radio Metro, sacó su licencia de conducir en Orán en 2022. Sobre este punto, las fuentes señalaron que el abogado argumentó que lo hizo porque, en ese momento, una pareja suya vivía en ese punto de Salta.
Su antecedente y el nexo con Julieta Bonanno
Para los investigadores que conocen el tablero del narcotráfico en esa zona fronteriza, Graff no es un personaje desconocido. Incluso señalan que habría utilizado su profesión para saltar controles de Gendarmería. Además, tiene una condena previa por el mismo delito.
Sucede que en julio de 2022, la PFA lo atrapó en Neuquén con 4 kilos de cocaína ocultos en el motor de un Peugeot 4008. Le dieron, el año pasado, 4 años y 6 meses de prisión por ese hecho. En esa oportunidad, también ensayó una coartada que resultó poco creíble para los investigadores: dijo que estaba en esa provincia porque iba a vender el auto y que fue víctima de una maniobra de tráfico marítimo conocida como “gancho ciego”, pero en tierra firme. Aseguró que le colocaron la droga sin que él lo supiera.
Graff no estaba preso cuando lo detuvieron en Orán porque el fallo no está firme.
Ahora bien, su historia tiene un condimento más que lo ubica en otra escena narco de gran repercusión. Se trata del operativo “Bobinas Blancas”: el decomiso histórico de casi dos toneladas de cocaína valuadas en 60 millones de dólares con destino a Canadá. Ocurrió en 2017.
De acuerdo a la investigación de la PFA y el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la droga pertenecía a un cartel mexicano que intentó enviarla al exterior oculta en enormes rollos de acero. En el juicio, realizado en 2021, Graff actuó como defensor de los mexicanos Gilberto Acevedo Villanueva, Jesús Madrigal Vargas y Max Rodríguez Córdova.
Pero también estaba vinculado a un cuarto mexicano que no llegó al debate: Alexander Naged Ramírez, quien fue asesinado junto a su hijo por un sicario en un departamento de la calle Cabildo, en Belgrano, en 2018. El supuesto cerebro de la operación había sido excarcelado a raíz de un ACV que le provocó severos daños e impulsó la suspensión del proceso en su contra.
¿Quién facilitó el ingreso del sicario? Julieta Bonanno, una penalista de Morón que fue condenada a prisión perpetua por el doble crimen.
Su nombre ya figuraba en el expediente de Bobinas Blancas: a foja 11.870, había solicitado que se diera de baja del sistema de gestión judicial al “Dr. Graff”, a quien identificó como “el anterior letrado”.
