La jueza Mariel Suárez, quien había sido sumariada por besarse con un preso en 2021, volvió a estar en el foco de la polémica después de autorizar la ampliación progresiva del tiempo de recreo de seis reclusos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.
Pero esta vez, además de defender su resolución frente a las críticas políticas, denunció una situación que, según afirmó, atraviesa desde su restitución en el Poder Judicial: “violencia institucional”.
El fallo que desató la controversia y la reacción política
El conflicto se originó a partir de un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública. El planteo surgió luego de que se constatara que seis internos permanecían hasta 22 horas por día encerrados en sus celdas, debido, entre otros factores, a la falta de recursos humanos y materiales para garantizar momentos de esparcimiento y visitas en condiciones adecuadas.
A partir del acuerdo alcanzado entre la defensa, la Policía y las autoridades de Seguridad, Suárez homologó un esquema progresivo que permite ampliar el tiempo fuera de las celdas de una hora diaria hasta llegar a seis horas, destinadas a tareas de aseo, limpieza y esparcimiento. La medida quedó sujeta a la buena conducta de los detenidos, al refuerzo de la custodia y a informes periódicos.
La resolución generó una fuerte reacción política. Uno de los que criticó la medida fue el propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al calificarla como “una tomada de pelo más”. Asimismo, que los jueces estén más preocupados por el bienestar de los detenidos que por la seguridad de las víctimas.
Reclamos laborales y denuncias de violencia institucional
Mientras la polémica por el fallo crecía, Suárez puso el foco en otro frente: su propia situación dentro del Poder Judicial. Según relató, al solicitar un certificado de servicios para presentarse a un concurso, recibió un documento que incluía antecedentes vinculados con su destitución, pese a que el Superior Tribunal de Justicia había declarado nula esa decisión.
La jueza aseguró que tuvo que recurrir a la oficina de género del tribunal para conseguir finalmente una constancia acorde con su trayectoria. “Lo conseguí, me dieron el certificado, pero eso es violencia institucional”, afirmó, en diálogo con La Opinión Austral.
A ese reclamo sumó otro que, según sostuvo, todavía permanece sin resolver: la falta de cobertura médica. “Fui a atenderme al médico y todavía no tengo obra social. Me llega a pasar algo, ¿quién me va a atender a mí?”, planteó la magistrada, quien recordó que ejerce como jueza penal desde 2009.
La exposición mediática y los próximos pasos
Suárez también volvió sobre uno de los episodios que marcó su exposición pública: el video registrado en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew que se viralizó en 2021 y que terminó asociado a su figura.
La magistrada cuestionó que los medios continúen vinculando aquella grabación con su salida del cargo. “Me restituyeron y ese no fue el motivo de la destitución. ¿Por qué los medios insisten con eso?”, sostuvo.
Pese a la repercusión y a las críticas que volvió a recibir, Suárez aseguró que seguirá participando de los concursos dentro del Poder Judicial. Su reclamo es que se la considere en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes. “Yo soy una concursante más”, remarcó.
Mientras evalúa eventuales acciones legales tras las declaraciones del gobernador y mantiene abiertos sus reclamos por salario, antigüedad y obra social, Suárez aseguró que continuará desempeñando sus funciones y defendiendo sus derechos laborales.
