La Fiscalía Oriente dio por cerrada este martes la investigación del Caso Audios y sus múltiples aristas, sin duda la trama de tráfico de influencias y corrupción más extensas en la historia reciente del país, destapada a fines de 2023 con la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla y que salpicó a empresarios y políticos, provocando un verdadero terremoto también en el Poder Judicial.
Según informó BioBíoChile, el Ministerio Público presentó acusación contra todos los involucrados y pidió penas que van desde los 10 a los 20 años para los empresarios Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz, y la abogada María Leonarda Villalobos Mütter.
Para el abogado Luis Hermosilla Osorio, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, la Fiscalía pide 17 años y un día.
Ahora, solo queda esperar que el 4.º Tribunal de Garantía fije la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral.
El caso y sus múltiples implicancias
El Caso Audios-Factop se originó en noviembre de 2023 tras un audio difundido por el medio de investigación periodística Ciper entre Hermosilla, Daniel Sauer - controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital-, y la abogada María Leonarda Villalobos, quien grabó la conversación de forma oculta para, según argumentó, proteger a otro socio de Factop, Rodrigo Topelberg, quien finalmente filtró la conversación.
En dicha conversación, Hermosilla proponía estructurar una “caja negra” con dinero en efectivo para pagarle directamente a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de borrar deudas, alterar fiscalizaciones y obtener información privilegiada.
En paralelo, la empresa de factoring Factop (de Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg) emitía facturas falsas para inflar ganancias, obtener liquidez y financiar deudas de grandes empresarios como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (excontroladores del gigante inmobiliario Grupo Patio), quienes utilizaban la “bicicleta” de Factop para financiar sus deudas millonarias.
La investigación acreditó que Hermosilla utilizó sus nexos políticos para destrabar en tiempo récord -dos meses, cuando usualmente toma dos años- certificados habitacionales e industriales que favorecieron al loteo industrial Parque Capital del Grupo Patio, y el caso también arrastró a la corredora de bolsa STF Capital e importantes administradoras de fondos del sector oriente de Santiago.
La arista política y judicial
Los chats del teléfono de Hermosilla también revelaron que el abogado operaba como un “gestor de contactos” al más alto nivel del aparato estatal chileno, y aún tienen bajo la lupa al exministro del Interior y figura clave de la centroderecha, Andrés Chadwick, primo del expresidente Piñera, mejor amigo de Hermosilla y quien aparece en varias conversaciones como alguien que presuntamente usaba su influencia en beneficio de la red.
Además, se abrieron múltiples causas penales que involucran el tráfico de influencias para la designación de ministros en las cortes del país, asunto que llevó a la destitución de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, amén de dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Finalmente, el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado y condenado tras comprobarse que le enviaba información secreta a Hermosilla sobre causas de alta connotación política. En tanto, el exfiscal regional Manuel Guerra enfrenta querellas por facilitarle al abogado datos reservados de casos emblemáticos como Penta y Vitacura, que atañían precisamente al expresidente Piñera.
