La Justicia resolvió extender la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a 6 años de prisión que recibió en la causa Vialidad.
En el fallo, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 sostuvo que la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas.
El magistrado había solicitado medidas para conocer con precisión sus movimientos dentro del departamento y concluyó que acató las reglas impuestas, de acuerdo con los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
Según el informe trimestral de la DCAEP, en las entrevistas domiciliarias realizadas de manera aleatoria, Kirchner “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”. En ese período tuvo una única salida autorizada por la Justicia, para una consulta médica, que se realizó “sin inconvenientes”.
Las visitas “se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal”, con la demora de una visitante que fue debidamente explicada, y el monitoreo electrónico no registró irregularidades.
El tribunal también señaló que, pese a las movilizaciones que hubo frente al domicilio, no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas de los vecinos. El pasado 1 de septiembre, Máximo Kirchner encabezó un acto en San José 1111 en el que aseguró que la expresidenta se está preparando para competir en 2027. La semana pasada, los abogados de Cristina Kirchner encabezaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que hay pruebas nuevas en la causas que podrían beneficiar a la expresidenta.
“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, agregó el juez.
La decisión se conoce luego de que el TOF 2 confirmara el embargo preventivo de varios bienes de la expresidenta y de los otros condenados en la causa, entre ellos el departamento de San José 1111.
La medida apunta a alcanzar un decomiso de alrededor de $685.000 millones, correspondientes al perjuicio económico causado al Estado por los delitos juzgados en el expediente. Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó dos recursos de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia para frenar un posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
En paralelo, se investiga la compra del departamento ubicado debajo del que ocupa la expresidenta por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Ante la Justicia, Calle dijo que lo adquirió para que funcione una fundación, sin dar mayores precisiones. También se supo que el senador nacional del PJ Mariano Recalde es propietario de un departamento en el primer piso del mismo edificio.
