El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones a la Fiscalía para determinar si el ministro de Salud de la Nación y Esteban Leguizamo incurrieron en desobediencia e incumplimiento de sus deberes. El caso se originó por las demoras en los pagos a prestadores de PAMI e Incluir Salud.

La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones judiciales que exigían regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.

La decisión fue adoptada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si la conducta de los funcionarios puede configurar los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación quedó en manos del fiscal federal Carlos Casas Nóblega.

En esta instancia no existe una imputación ni una declaración de responsabilidad contra Lugones o Leguizamo. La Fiscalía deberá analizar las actuaciones enviadas por el magistrado y resolver si corresponde avanzar penalmente.

Un conflicto que comenzó con un amparo colectivo

El expediente se inició en mayo a partir de un amparo colectivo presentado por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras en los pagos de prestaciones financiadas por PAMI y por el Programa Federal Incluir Salud.

Vaca Narvaja dictó entonces una medida cautelar que ordenó al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, y al PAMI normalizar los pagos en un plazo de 72 horas.

El juez sostuvo que las demoras podían comprometer la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales para las personas alcanzadas por el reclamo.

El Gobierno nacional apeló aquella decisión. Sin embargo, el recurso fue concedido con efecto devolutivo, lo que significaba que la presentación ante una instancia superior no suspendía mientras tanto la obligación de cumplir la cautelar.

El magistrado insistió en ese momento en que la discusión judicial sobre la apelación no modificaba la obligación de acatar lo ordenado.

Prestadores cordobeses denunciaron atrasos

El conflicto avanzó en junio, cuando Vaca Narvaja volvió a pronunciarse sobre el fondo del planteo y ordenó regularizar los pagos correspondientes a las prestaciones contempladas por la Ley 24.901.

En el expediente fueron incorporados reclamos de instituciones cordobesas que describieron las dificultades provocadas por los atrasos.

Entre ellas aparecieron APADIM, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría, que informaron problemas para hacer frente a salarios, aportes, proveedores y otros costos necesarios para mantener las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Uno de los casos considerados fue el del Cottolengo Don Orione, que señaló haber tenido que afrontar intereses ante ARCA por aportes y contribuciones que no pudo cancelar en término debido a las demoras en los pagos estatales.

Para el juez, esos elementos mostraban que el conflicto excedía una discusión administrativa o contable y podía afectar directamente el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de las prestaciones.

La causa suma ahora una posible derivación penal

Según las actuaciones, el Estado acreditó durante el proceso haber realizado pagos correspondientes a algunos períodos. Sin embargo, el juzgado consideró que no se había demostrado la normalización integral de la situación para todas las personas e instituciones alcanzadas por el amparo.

Frente a lo que el magistrado consideró una persistencia en los incumplimientos de las resoluciones dictadas, resolvió enviar los antecedentes a la Fiscalía.

Será ahora el fiscal Casas Nóblega quien deberá evaluar si existieron conductas penalmente relevantes por parte de Lugones y Leguizamo.

La decisión agrega así una nueva derivación judicial al conflicto por el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad, en un momento en el que el tema también ocupa un lugar central en la discusión política por los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

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