La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum detener cualquier acción vinculada con el proyecto de explotación de hidrocarburos frente a las Islas Malvinas. La medida cautelar también exige información sobre el avance de la iniciativa y sus fuentes de financiamiento.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar cualquier actividad destinada a ejecutar el proyecto petrolero Sea Lion, conocido en español como León Marino, sobre la plataforma continental argentina.
La resolución fue dictada este miércoles por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes de Malvinas La Plata (Cecim). Ambas organizaciones impulsaron una acción preventiva para evitar posibles daños ambientales derivados del emprendimiento hidrocarburífero.
Qué actividades quedan suspendidas
La orden judicial alcanza a las distintas etapas previstas para el desarrollo del proyecto, tanto en el lecho y subsuelo marino como en tierra y en instalaciones portuarias. Entre las actividades que las empresas no podrán iniciar ni continuar se encuentran:
- La perforación del lecho o subsuelo marino para la explotación de hidrocarburos.
- La instalación de infraestructura submarina, como conductos, líneas de flujo y sistemas de conducción, comunicación, inyección o control.
- La puesta en funcionamiento de unidades flotantes destinadas a la producción, el almacenamiento o la descarga de hidrocarburos.
- El comienzo de la extracción y explotación comercial de petróleo y gas.
- La ejecución de obras terrestres y portuarias vinculadas con el proyecto.
- La instalación de bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos e infraestructura habitacional.
De esta manera, la cautelar busca impedir que el proyecto avance hacia su etapa operativa mientras se sustancia la acción judicial.
Las empresas deberán informar el estado del proyecto y quiénes lo financiaron
Además de ordenar la suspensión de las actividades, Borruto intimó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited a presentar información sobre la iniciativa, con carácter de declaración jurada.
Las compañías deberán informar el estado actual del proyecto, sus cronogramas de ejecución, el detalle de los pozos proyectados y otros aspectos vinculados con su desarrollo. La jueza también les exigió identificar a las entidades financieras y los fondos que hayan aportado recursos para el emprendimiento extractivo sobre la plataforma continental argentina.
Como las empresas no se presentaron con sus representantes legales en el expediente, la resolución deberá ser enviada directamente por vía postal, a través de la Cancillería argentina.
Un proyecto petrolero frente a las Islas Malvinas
El proyecto Sea Lion contempla la extracción de petróleo en una zona de la plataforma continental argentina ubicada a poco más de 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, bajo ocupación británica.
Rockhopper Exploration es una compañía británica, mientras que Navitas Petroleum tiene sede en Israel. Ambas participan del desarrollo de la iniciativa, que avanzó hacia su etapa de ejecución pese al rechazo expresado por la Cancillería argentina.
En su resolución, la jueza Borruto sostuvo que el riesgo ambiental que fundamenta la medida “no es hipotético ni remoto”, dado el avance del proyecto. La magistrada consideró que esa circunstancia justifica la adopción de una medida preventiva para evitar daños.
La cautelar no define la responsabilidad de las petroleras
La jueza aclaró que la decisión tiene carácter cautelar y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas.
De este modo, sostuvo que el hecho de que las compañías estén constituidas en el extranjero no impide la aplicación del derecho argentino, puesto que el proyecto se desarrolla sobre la plataforma continental argentina y en los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas.
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