El juez federal Martín Cormick consideró que el Estado no acreditó el cumplimiento total de la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Si persiste el incumplimiento, podrá imponer multas diarias.
La Justicia intimó este martes al Gobierno nacional a cumplir en un plazo máximo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien concluyó que la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano no permitió acreditar el cumplimiento total de la orden judicial vigente.
El magistrado advirtió además que, si una vez vencido el plazo continúa el incumplimiento, podrá aplicar multas económicas por cada día de demora.
Qué ordena la cautelar
La medida judicial se concentra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
El artículo 5 establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor y dispone la convocatoria periódica a negociaciones paritarias.
El artículo 6, en tanto, ordena recomponer los programas de becas estudiantiles —entre ellos Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería— de acuerdo con la variación acumulada de la inflación y avanzar progresivamente en la cantidad de beneficiarios.
La cautelar ya había sido confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme mientras continúa la discusión judicial de fondo.
La respuesta del Gobierno no alcanzó
El Gobierno había presentado documentación para demostrar los avances realizados en materia salarial y de becas. Entre las medidas adoptadas se encuentra el acuerdo alcanzado en junio con autoridades universitarias y gremios, que contempló una recomposición salarial y aumentos para determinados programas de becas.
Capital Humano también sostuvo públicamente durante los últimos meses que estaba cumpliendo con los compromisos presupuestarios y salariales asumidos con el sistema universitario.
Sin embargo, luego de analizar esas presentaciones, Cormick consideró que no resultaban suficientes para acreditar el cumplimiento integral de la cautelar.
“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos”, señaló el juez al fijar el nuevo plazo de cinco días para el Poder Ejecutivo.
Un conflicto que sigue abierto
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025. El presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras insistieron posteriormente con los dos tercios requeridos por la Constitución y la norma terminó promulgada en octubre de ese año.
Desde entonces, el conflicto por su implementación pasó también al terreno judicial.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional mantiene sus cuestionamientos al proyecto de Presupuesto 2027. Los rectores estimaron que el sistema universitario necesitará alrededor de $11 billones para cumplir con la recomposición prevista por la ley, mientras que la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo contempla una cifra inferior.
La nueva resolución judicial incorpora ahora un plazo concreto: el Gobierno deberá acreditar en cinco días el cumplimiento efectivo de la cautelar o quedará expuesto a la aplicación de sanciones económicas diarias.
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