La Justicia Federal de Santa Rosa suspendió de manera provisoria dos artículos del decreto 982/2026 del presidente Javier Milei que eliminaron el reparto de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles vigente desde 1973 y establecieron que Mendoza cobre el 100% de esos recursos. La medida permite que, mientras continúa el proceso judicial, La Pampa mantenga el esquema por el que recibe la mitad de los ingresos generados.
El juez federal Juan José Baric hizo lugar a la medida cautelar interina presentada por la administración del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y ordenó la suspensión inmediata de los artículos 3° y 4° de la norma firmada por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La resolución tendrá vigencia hasta que el magistrado decida sobre la cautelar solicitada por la provincia.
Baric también requirió al Poder Ejecutivo Nacional que presente en un plazo de tres días el informe previsto por la ley 26.854 antes de resolver esa medida. Por ese motivo, la decisión conocida este miércoles no define todavía la controversia de fondo sobre a qué provincia corresponden las regalías, sino que impide que se aplique el nuevo reparto mientras avanza esa instancia judicial.
El decreto publicado el 11 de septiembre dejó sin efecto la norma de 1973 que establecía la distribución en partes iguales y dispuso que las regalías generadas desde su entrada en vigencia correspondan íntegramente a Mendoza. El Ejecutivo fundamentó el cambio en que la fuente hidroeléctrica se encuentra dentro del territorio mendocino.
El planteo que La Pampa llevó a la Justicia
La presentación pampeana no se apoyó únicamente en el decreto de 1973, sino que el gobierno provincial argumentó también que el reparto quedó incorporado a un acuerdo firmado en 1992 por Nación, Mendoza y La Pampa, aprobado por las legislaturas provinciales y homologado posteriormente por la Corte Suprema.
La cláusula quinta de ese convenio estableció que Nación, Mendoza y/o quien resultara propietario de Los Nihuiles debía pagar a La Pampa las regalías correspondientes de acuerdo con la ley 15.336 y el decreto 1560/73. El propio decreto 982 reconoce ese antecedente, aunque señala que el acuerdo dejaba a salvo lo que pudieran establecer posteriormente otras normas o fallos judiciales.
Durante más de cinco décadas, el esquema significó que ambas provincias participaran de las regalías generadas por el complejo. La ley 23.164 elevó al 12% el porcentaje previsto para este tipo de aprovechamientos hidroeléctricos y, bajo el régimen que regía para Los Nihuiles, cada jurisdicción recibía el equivalente al 6%.
La discusión toma relevancia por el proceso abierto para una nueva concesión del sistema hidroeléctrico. Al dictar el decreto, el Gobierno señaló que su intención es establecer un criterio de distribución que aporte certeza jurídica al procedimiento para seleccionar a los próximos operadores.
Una disputa que ya llegó a la Corte Suprema
El conflicto por las regalías se superpone con la histórica controversia por el río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional reconoció la Corte Suprema en 1987. Ese antecedente precedió al acuerdo que Nación, Mendoza y La Pampa firmaron en 1992, aunque las dos provincias mantienen posiciones enfrentadas sobre el alcance que tiene ese convenio para determinar el reparto de los recursos generados por Los Nihuiles.
Ziliotto sostuvo que ese acuerdo reconoce el derecho pampeano a participar de las regalías y cuestionó que el Ejecutivo nacional lo haya modificado de manera unilateral. “Que Mendoza honre su compromiso y cumpla el acuerdo que firmó en 1992, junto a Nación y La Pampa -homologado por la CSJN- por el que nos reconocen a los pampeanos nuestro derecho a cobrar regalías por Los Nihuiles”, afirmó antes de que la Justicia resolviera la cautelar.
Cornejo rechazó esa interpretación y separó la discusión por el carácter interjurisdiccional del río Atuel de la generación hidroeléctrica. “El río es interjurisdiccional. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza”, señaló el gobernador mendocino, que defendió que las regalías correspondan a su provincia porque allí se encuentran la infraestructura y el aprovechamiento energético.
La controversia ya forma parte de una causa ante la Corte Suprema de Justicia, que Mendoza inició contra el Estado nacional y a la que La Pampa se incorporó en agosto para ejercer su defensa. Tras la resolución del juez Baric, Ziliotto celebró que “La Pampa seguirá cobrando regalías del Río Atuel” y afirmó que “una vez más, luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos”. La suspensión mantiene por ahora el reparto previo mientras continúa la discusión judicial sobre el destino definitivo de esos recursos.
