La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar la situación política en Nicaragua, prevista para el viernes 2 de octubre en la sede del organismo en Washington. La decisión llega después de que el dictador Daniel Ortega afirmara que en el país centroamericano “no volverá a haber elecciones”.
La denominada “reunión de consulta” es un mecanismo poco frecuente dentro de la OEA. Según la resolución aprobada por consenso en el Consejo Permanente, el encuentro servirá para examinar “las acciones apropiadas” contra el Gobierno nicaragüense, en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
El orden del día del encuentro, aprobado este miércoles junto con la fecha, establece que la sesión plenaria se realizará a las 11.30, hora local (15.30 GMT). La propuesta de fecha fue presentada por las misiones de Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.
La convocatoria original a esta reunión de cancilleres fue aprobada el 19 de agosto, con el respaldo de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México. La última vez que la OEA celebró un encuentro de este tipo fue en 2019, cuando se debatió la situación en Venezuela, país que mantiene vacante su asiento en el organismo desde 2023. Ese mismo año, Nicaragua decidió abandonar la OEA como respuesta a la presión diplomática ejercida por los países miembros. Actualmente el organismo cuenta con 33 miembros activos.
La reunión de cancilleres del 2 de octubre representa uno de los pocos mecanismos con los que cuenta la OEA para presionar formalmente a un Estado miembro por violaciones a los principios democráticos, aunque el organismo carece de poder para imponer sanciones: estas deben ser aplicadas de forma individual por cada país.
El detonante inmediato de la convocatoria fue el anuncio realizado por Ortega en julio, cuando aseguró que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones en las que “partidos puestos por los yanquis” puedan alcanzar el poder. El parlamento nicaragüense, controlado por el sandinismo, ratificó posteriormente esa medida.
El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohibiría competir en comicios a las personas que el Estado considere “traidores a la patria”. La misma reforma extendería de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular y de las autoridades designadas o ratificadas por el propio parlamento. El debate en segunda legislatura está previsto a partir de enero.
Esta modificación se suma a la reforma constitucional aprobada a fines de 2024, que ya había ampliado el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Rosario Murillo, esposa de Ortega, a copresidenta. Con ese esquema, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en 2027, un proceso que las últimas medidas legislativas pondrían en entredicho.
Nicaragua está gobernada con mano de hierro por la pareja presidencial conformada por el exguerrillero izquierdista Ortega, de 80 años, y Murillo. Ese control sobre la sociedad se intensificó tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos, según cifras de la ONU.
La represión desatada tras esas movilizaciones provocó el exilio de miles de nicaragüenses y redujo a una expresión prácticamente nula la oposición dentro del país, donde recientemente se aprobó una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos contrarios al Gobierno.
Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980 y regresó al poder en 2007. Desde entonces fue reelegido en tres ocasiones mediante comicios cuestionados por observadores internacionales. En las últimas elecciones, celebradas hace cinco años, el Gobierno encarceló a dirigentes opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó sin rivales de peso.
Estados Unidos asumió un papel central en la presión internacional contra Managua mediante una serie de sanciones dirigidas a Ortega, Murillo, familiares de ambos y la plana mayor del Gobierno nicaragüense.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó recientemente de “absolutamente inaceptable” la situación en el país centroamericano, señalado tanto por la ONU como por organizaciones internacionales debido a repetidas violaciones de los derechos humanos. En entrevista con periodistas, Ramdin abogó por “acordar colectivamente un conjunto de medidas para ejercer más presión (...), de modo que podamos iniciar un proceso de diálogo”. El secretario general admitió no saber aún “en qué forma, ni quién lo encabezaría”, aunque sugirió que “podría ser un grupo de Estados miembros”.
Más allá de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, Washington impulsa a los países miembros a actuar de forma colectiva dentro de una nueva visión para la OEA, organización que el Gobierno de Donald Trump ha criticado por su supuesta inoperancia. La actual administración estadounidense resucitó la doctrina Monroe y proclamó su derecho a intervenir en la región cuando considere que sus intereses están en peligro o que algún país está sometido a una influencia excesiva de una potencia ajena al hemisferio, en referencia a la presencia china en Nicaragua, denunciada de forma reiterada por el Departamento de Estado.
