A través de la Procuración del Tesoro, el Estado cordobés pidió desestimar los tres reclamos económicos de las víctimas. Su argumento: la responsabilidad fue de Alejandra Bengoa, la conductora fallecida. Y si hubiera culpa de Oscar González, que sea apenas del 25%.
La Provincia de Córdoba respondió. Y lo hizo así: rechazó las tres demandas civiles que presentaron las víctimas de la tragedia de Altas Cumbres.
Las demandantes son Alexa Miranda, Marina Szulewicz y Vera Szulewicz. Reclaman, en conjunto, $11.776.270.204,74, según las cifras incorporadas a las acciones civiles. El Estado provincial, por medio de la Procuración del Tesoro, pidió que se desestimen.
El argumento: la culpa es de quien ya no puede defenderse
Según la postura oficial, la responsabilidad exclusiva del siniestro fue de una maniobra de sobrepaso irregular. ¿Quién la habría hecho? Alejandra Bengoa, la conductora del Renault Sandero, que murió en el hecho.
Es decir: la única persona que no puede explicar qué pasó es la que el Estado señala como única responsable.
Plan B: 25% para González, 75% para Bengoa
Pero la Provincia dejó una segunda línea de defensa. Si el tribunal determinara que el exministro de Salud y exlegislador Oscar González tuvo alguna cuota de culpa, propone repartir así: 25% para él y 75% para Bengoa.
¿Un Estado que se defiende, o un Estado que negocia cuánto pesa cada muerte y cada herida? Los porcentajes aparecen en un escrito. Detrás hay tres mujeres que sobrevivieron y que ya tuvieron que contar lo que vivieron en un juicio.
La querella responde
El abogado querellante, Emiliano Binante, se hizo eco de la argumentación del Gobierno provincial y justificó los cálculos reparatorios que presentaron desde la querella.
Qué está en juego
El juicio penal contra González sigue su curso y el veredicto del juez Camogli está previsto para el 20 de octubre. Pero hay otra discusión que corre en paralelo y que pesa igual: ¿quién se hace cargo de reparar?
Cuando el Estado decide que la responsabilidad es de una víctima fallecida, manda un mensaje. Que en Córdoba, cuando un funcionario está en el centro de la escena, la primera reacción institucional no es hacerse cargo. Es repartir la culpa hacia abajo.
Las sobrevivientes ya hablaron. Ahora la Justicia tiene que decidir si alcanza con eso o si el Estado también tiene algo que responder.
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