En esta secuencia de artículos dedicados a la violencia política desde los comienzos del país, queda en evidencia la dificultad que tuvieron las provincias argentinas para encontrar una forma acordada de convivencia que hiciera posible un Estado nacional. En ese sentido, el año 1820 marcó una contradicción: por un lado, el inicio de las verdaderas autonomías provinciales, sobre todo para Buenos Aires, que desde sus orígenes había visto subsumido su gobierno local, desde 1580, en el de los tenientes de gobernador y gobernadores, y luego en el de los virreyes, desde 1776; y, por el otro, la desaparición de gobiernos nacionales centrales durante casi medio siglo.
La independencia en 1816 no alteró la situación y los sucesivos gobiernos desde 1810 (Juntas, Triunviratos y Directorio) ejercían un doble poder: el nacional y el provincial. La batalla de Cepeda, librada el 1.º de febrero de 1820, significó el fin de esta superposición, y la convocatoria a elecciones de representantes marcó el inicio de la autonomía provincial porteña, con el nombramiento de Matías Yrigoyen como gobernador, aunque algunos consideran que fue Manuel de Sarratea el primero, una vez disuelto el Cabildo, última institución colonial que quedaba en pie. Es uno de los tres gobernadores, junto con el santafesino Estanislao López y el entrerriano Francisco Ramírez, que firmaron el Tratado del Pilar el 23 de febrero.
Desde el 11 de febrero hasta el 20 de septiembre de 1820 hubo ocho gobernadores, incluidos tres en forma simultánea el 20 de junio, fecha que coincide con la muerte de Manuel Belgrano. Sus últimas palabras, “Ay, Patria Mía”, resumen magistralmente el estado de cosas en el que estaba sumido el país. Sin embargo, el proceso institucional porteño (tal como era el gentilicio de Buenos Aires hasta mediados del siglo XIX) va a estabilizarse cuando es nombrado gobernador Martín Rodríguez, héroe de la independencia, que convoca a un gabinete formado por Bernardino Rivadavia en Gobierno y Relaciones Exteriores, Francisco Fernández de la Cruz en Guerra y Manuel J. García en Hacienda.
La “era feliz” de la provincia de Buenos Aires
La historiografía liberal calificó a este gobierno de Rodríguez como la “era feliz”, ya que la pacificación en las relaciones con las otras provincias permitió un gobierno estable durante casi cuatro años. El fin de los gastos de la guerra de la Independencia llenó las arcas porteñas y facilitó la creación de la Universidad, el Banco de Descuento (hoy Banco de la Provincia de Buenos Aires, el más antiguo del país), la Sociedad de Beneficencia y el Archivo General, además de otras instituciones estatales que aún sobreviven.
Los tratados de Benegas, que consolidó la paz con Santa Fe (24 de noviembre de 1820), y del Cuadrilátero, con Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos (25 de enero de 1822), en previsión de un ataque español o portugués, establecieron confianza e igualdad entre las provincias del Litoral. La reforma eclesiástica inspirada por Rivadavia en 1822 iba a malquistar al gobierno con el clero, pero además despertó recelos en las provincias interiores, sobre todo en Córdoba y Salta, antiguas sedes episcopales que no tenían entonces obispo. La única provincia que imitó esa reforma liberal revolucionaria fue San Juan, pero eso precipitó el fin del gobierno de Salvador María del Carril. No deja de ser curioso que el único “sillón de Rivadavia” se encuentre en el Museo de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, usado por el presidente durante los actos patrióticos.
Es llamativo el Tratado de Miraflores, firmado por Rodríguez antes de ser gobernador, cuando era comandante de Fronteras, con los indios “amigos”, a instancias de Francisco Ramos Mexía, un excéntrico personaje que había sido desterrado de Buenos Aires por hereje, al haber creado una religión que lo convirtió en una especie de semidiós frente a las tribus que habitaban su estancia cerca de la actual localidad bonaerense de Maipú. La falta de cumplimiento del tratado por parte de los indios determinó, desde fines de 1820 hasta 1824, la realización de la primera Campaña del Desierto, que duplicó el territorio bajo dominio de Buenos Aires y fundó el fortín “Independencia”, hoy Tandil.
La tendencia liberal y unitaria del gobierno porteño no fue óbice para una relación amable con las otras provincias, lo que animó al gobernador Rodríguez a convocar a un congreso que se reuniría en Buenos Aires para dictar una constitución y establecer un gobierno nacional. El llamado a los diputados de las provincias fue exitoso: llegaron representantes de diecisiete provincias, lo que sembró de esperanzas el proceso institucional.
El Congreso General Constituyente de 1824 y el porteño Dorrego, diputado santiagueño
El Congreso General de las Provincias Unidas comenzó sus sesiones el 16 de diciembre de 1824 en la antigua sede del Consulado de Buenos Aires, con la presencia de diputados de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca, a las que se sumaron representantes de la Banda Oriental, Misiones y Tarija.
El Congreso reunió a figuras relevantes de nuestra historia, como Francisco N. de Laprida, Dalmacio Vélez Sarsfield, Juan José Passo, el deán Gregorio Funes, Alejandro Heredia y Lucio Norberto Mansilla y Justo José de Urquiza, entre otros. Tuvo un desarrollo ordenado hasta el inicio de la guerra contra el imperio del Brasil, que aceleró algunas decisiones que a la larga fueron traumáticas.
El curioso caso de Santiago del Estero es muy interesante, porque la representación fue variando a tono con el cambio político interno en la provincia. Primeramente, se nombró a Félix Frías, clara expresión del pensamiento unitario. Más adelante, la consolidación del caudillo federal Juan Felipe Ibarra, a través de la elección de la primera Legislatura, permitió el nombramiento del líder federal porteño, Manuel Dorrego, amigo de Ibarra, que se incorporó al Congreso en 1826.
El 23 de enero de 1825 se sancionó la Ley Fundamental, que parecía tender a una organización federal: cada provincia se regiría por sus propias instituciones; el país se nombró Provincias Unidas del Río de la Plata; y la constitución a dictarse sería sometida a la consideración de los gobiernos provinciales. Sin embargo, el pensamiento prevaleciente era unitario.
La guerra contra el Brasil y la presidencia de Rivadavia
La reincorporación de la Banda Oriental, tras la invasión portuguesa que se había establecido desde 1817, luego sucedida por el nuevo gobierno independiente del Brasil, y el apoyo a los 33 orientales brindado el 25 de octubre de 1825 por el Congreso Nacional Argentino, que por primera vez se llamaba así, provocó la declaración de guerra por parte del imperio. El 1° de enero de 1826 la Argentina declaró el estado de guerra.
El Congreso, a pesar de la amenaza externa, siguió adelante y el 6 de febrero de 1826 dictó una Ley de Presidencia, nombrando dos días después como titular del Poder Ejecutivo al unitario Bernardino Rivadavia, lo que cayó mal en la mayoría de los gobiernos provinciales a pesar del apoyo de sus diputados a la postulación del porteño. Cuando el 6 de marzo siguiente, el Congreso dicta la Ley de Capitalización, disolviendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y estableciendo por capital a la ciudad porteña, el malestar se acentuó, por la consolidación de Buenos Aires como cabeza del estado nacional con todos los recursos de las aduanas.
La Constitución de 1826
Los unitarios y los federales no actuaban por entonces como un partido político tal como lo entendemos hoy. Eran personajes que expresaban ideas comunes en las provincias y en el caso de los federales, comenzaron a manifestarse dos tendencias que se iban a mantener hasta la Constitución de 1853: los constitucionalistas o “dogmáticos”, encabezados por Manuel Dorrego y mucho después por Urquiza, bautizados por sus adversarios internos y externos como “lomos negros”; y los apostólicos, cuyos líderes serían los caudillos provinciales y estarían encabezados durante casi veinticinco años por Juan Manuel de Rosas, quien sostenía que el tipo de gobierno británico, democrático pero sin constitución escrita era amable para la Argentina.
La relación entre Dorrego e Ibarra fue muy sólida, a tal punto que, a fines de 1825, cuando se comentaba que el Congreso iba a duplicar la representación, el porteño le escribe desde Tarija al santiagueño diciendo: “Tenga ud. la bondad de no dar ningún paso sobre el particular antes de haberme oído”. Iniciadas en 1826 las consultas sobre el texto constitucional, es curioso que la mayoría apoyara un texto centralista, siendo Santiago del Estero, Córdoba, San Juan y Mendoza, las que se expresaron por el sistema federal. El beneficiado por el liderazgo federal fue Dorrego y no Ibarra, paradojas de la historia.
La legislatura santiagueña promulgará el 17 de febrero una disposición que dice textualmente: “Art. 1°: La representación provincial de Santiago del Estero se decide por el sistema federal. Art. 2°: La provincia en lo relativo a su economía interior queda independiente de todos los pueblos de la Unión. Art. 3°: En el gobierno central deposita aquella parte de soberanía que es necesaria por la expedición de los negocios generales. Art. 4°: Constituida la Nación bajo la forma que se indica en el art. 1°, dictará las leyes convenientes a su arreglo interior, dirigiéndose entretanto al Poder Ejecutivo por las que rigen en el día”.
Esta postura federal no tuvo frutos y la derrota política enardeció los ánimos en el norte argentino, ya que Santiago del Estero quedó en minoría en el seno del Congreso, que el 26 de diciembre de 1826 sancionó la Constitución estableciendo: “la forma representativa, republicana, consolidada en unidad de régimen”.
La nueva Constitución también dictaba la separación de los tres poderes y la periodicidad de los mandatos electivos. Los gobiernos provinciales se alzaron contra la carta magna, desautorizando en muchos casos lo votado por sus diputados, mientras Buenos Aires seguía atendiendo los escenarios de la guerra contra el Brasil, alentados por las victorias de Ituzaingó y de Juncal. La desastrosa negociación de paz que llevó adelante Manuel J. García provocó la renuncia de Rivadavia y en pocos meses, ya no existiría el Congreso, que cesó junto a la presidencia, aniquilada por su último ocupante, Vicente López y Planes, el 18 de agosto de ese año, siendo el más olvidado de nuestros presidentes.
La restauración del gobierno provincial de Buenos Aires iba a consagrar a Dorrego como gobernador y líder natural del federalismo en el país, acompañado por otros gobernadores, que delegaron en él el manejo de las relaciones exteriores y la defensa nacional. Lo que parecía un nuevo orden terminó en tragedia, y la guerra civil iba a mostrarse como el mecanismo de resolución de conflictos políticos a lo largo de más de treinta años, costando miles de vidas y sumergiendo a la Argentina en miseria y dolor. Esta historia se desarrollará a partir del próximo fin de semana, si Dios quiere.
