Las autoridades indígenas de Guatemala lanzaron la campaña Pasos Firmes: Caminos Abiertos para defender su función comunitaria frente a la criminalización estatal y los señalamientos discriminatorios que las vinculan con delitos por ejercer sus cargos.
La iniciativa, presentada en la ciudad de Guatemala, será difundida durante los próximos 30 días en redes sociales.
La campaña reúne a más de 200 estructuras de autoridades indígenas de todo el país. Entre ellas figuran los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, la Municipalidad Indígena de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, la Alianza de Autoridades Indígenas Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox, el Parlamento Xinka y la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché.
También participan el Consejo de Autoridades Los Copones, la Red Educativa Departamental de Sololá y el Consorcio de Asociaciones de Santiago Atitlán. La información fue difundida por Prensa Comunitaria.
Las autoridades comunitarias intervienen en la defensa del territorio, en la atención de casos de violencia contra las mujeres y en conflictos locales, entre ellos las disputas por los mojones que delimitan las tierras.
Su tarea incluye la búsqueda de soluciones para problemas familiares, territoriales y económicos dentro de las comunidades.
Juan Carlos Queche, integrante de la Alianza Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox, sostuvo que los mecanismos de criminalización contra los pueblos indígenas exceden la persecución judicial. Afirmó que el Estado también criminaliza cuando desconoce y no respeta los sistemas de vida indígenas.
“Cuando no se reconoce el sistema de vida de los pueblos indígenas, cuando no la reconoce, cuando no la respeta, es ahí cuando se da la criminalización, mediante el uso indebido del sistema penal y las otras instituciones del Estado”, dijo Queche.
El representante indígena denunció que las formas de organización de los pueblos originarios son desacreditadas mediante difamaciones, discriminación y estigmatización. “Para el sistema estatal, defender la vida y los derechos es un delito, es ahí cuando vemos a nuestras autoridades y nuestros procesos de criminalización”, enfatizó.
La justicia comunitaria y la elección en asamblea
La justicia de los pueblos indígenas se basa en procedimientos propios, diálogo, reconciliación y reparación, según Sebastiana Par, autoridad del pueblo Maya K’ich’e.
Su cercanía con las familias permite atender situaciones de violencia contra las mujeres, conflictos intrafamiliares, deudas, problemas de terrenos y asesinatos.
“Nuestro sistema tiene procedimientos, pasos, promovemos el diálogo, la reconciliación, la reparación más que el castigo”, aseguró Par. Para la autoridad Maya K’ich’e, el acceso a la justicia no se limita a la existencia de tribunales, sino que supone ser escuchados, respetados y comprendidos desde la historia de cada pueblo.
“El acceso va más allá de tribunales y ser escuchados, respetados, significa comprender nuestra historia. El acceso a la justicia, la justicia está relacionada con la historia y el derecho a la participación”, expresó.
Lázaro González, representante del Parlamento Xinka y originario del municipio de Alzatate, en Jalapa, explicó que una persona debe tener 18 años cumplidos y ser honorable para asumir una autoridad comunitaria encargada de administrar el territorio durante dos años.
Ese cargo constituye un servicio ad honorem, sin remuneración, para los habitantes de la comunidad. Sus funciones abarcan la solución de conflictos de tierras entre condueños y familias, mientras que el Ministerio Público y el juez de Paz no intervienen en las decisiones de la junta de principales.
En Alzatate, la oficina comunitaria atiende los jueves y domingos. La rendición de cuentas se realiza ante la asamblea una vez al año: el tesorero informa los ingresos y egresos del período y entrega una memoria anual de actividades.
“Las autoridades indígenas tienen legitimidad porque son electas en asamblea general y se nombra para esos puestos a personas honorables”, afirmó González.
El lanzamiento coincidió con el inicio de la audiencia de etapa intermedia del proceso contra Luis Pacheco, Basilio Puac, Héctor Chaclán y Esteban Toc. Pacheco, Puac y Chaclán integraron en 2023 la junta directiva de los 48 Cantones como presidente, vicepresidente y tesorero, mientras que Toc fue exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá entre 2022 y 2023.
Durante ese período, convocaron junto con otras autoridades indígenas al Paro Nacional, que se extendió por 106 días. La movilización impidió que el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras anulara los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, ganadas por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
