El nuevo esquema eléctrico empezó a afectar a pequeñas y medianas empresas, que recibieron cuadruplicados los importes de las facturas de electricidad. El impacto alcanza incluso a las compañías que habían cerrado contratos de abastecimiento y que llegaron a pagar costos cercanos al doble de lo pautado. Así lo denunció Industriales Pymes Argentinos (IPA), que advirtió que la situación se da en medio de la caída de la actividad y del consumo.
En ese contexto, la entidad reclamó la intervención del Gobierno nacional y advirtió que los mayores gastos energéticos están generando endeudamiento y quebrantos.
El cambio comenzó a regir el 1° de noviembre de 2025, a partir de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que modificó las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y permitió que los grandes usuarios contrataran directamente energía y potencia. Según IPA, de unas 6000 empresas alcanzadas, apenas 800 concretaron acuerdos de abastecimiento.
Para la organización industrial, el problema no son solamente los aumentos, sino también la forma en que se instrumentó la transición, porque las pymes tuvieron que empezar a evaluar precios, condiciones de suministro y obligaciones jurídicas de un mercado complejo mientras intentaban sostener la producción, el empleo y sus compromisos financieros.
Reclamo por los contratos y los costos
Entre las empresas que no contrataron directamente su abastecimiento, IPA relevó facturas que llegaron a cuadruplicarse. Pero también detectó problemas entre aquellas que sí firmaron acuerdos, con cargos adicionales que elevaron el costo final hasta valores cercanos al doble de lo pactado y derivaron en controversias con los proveedores.
“Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos. Alguien tiene que intervenir. No interviene nadie y consideramos que estamos siendo estafados”, cuestionó la entidad pyme.
También apuntó contra la falta de información y acompañamiento durante el cambio de régimen. “Estamos obligando a una pyme a convertirse de un día para otro en especialista en contratación energética, cuando debería estar pensando en cómo producir, vender y atravesar la crisis de consumo”, planteó.
IPA remarcó además que la propia normativa establecía una transición “gradual, ordenada y previsible” y sostuvo que esas condiciones no se cumplieron. Por eso pidió convocar de manera urgente a los sectores involucrados y revisar los casos en los que existen diferencias significativas entre los precios contratados y los finalmente facturados.
“El costo de una transición mal implementada no puede terminar cayendo sobre la producción”, sostuvo la entidad, y agregó: “Sin información, sin planificación y sin una política energética de largo plazo que dé previsibilidad, el nuevo modelo no está resolviendo un problema: está agregando otro”.
