Lo que el Gobierno Nacional no consiguió en el Congreso se lo dio la Corte Suprema de Justicia, volteando el fallo que volvía inconstitucional derogar la Ley de Tierras. La desestimación de los jueces se basó en que el planteo venía del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), lo que según la Corte carece de la «legitimidad necesaria». La extranjerización de tierras avanza a pesar del masivo rechazo popular.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomó una decisión que favorece la extranjerización del territorio argentino.
El Máximo Tribunal derogó el fallo que declaraba inconstitucional el decreto 70/2023 de Javier Milei; aquel decreto proponía derogar la Ley de Tierras, con el objetivo de que una mayor porción del territorio de nuestro país pueda ser comprado y vendido a extranjeros.
Los esfuerzos de Milei por extranjerizar la tierra
A poco tiempo de asumir, Javier Milei decretó mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -herramienta que omite el paso por el Congreso- el decreto 70/2023, titulado «Bases para la reconstrucción de la economía argentina».
Entre las medidas dispuestas en ese DNU, se encontraba la derogación de la Ley de Tierras, una normativa que establece límites en la cantidad y tipo de hectáreas que personas extranjeras pueden adquirir en nuestro país. La ley establece un tope de 15% de extranjerización (aunque no es retroactiva, por lo que al momento de su aprobación varios territorios ya superaban ampliamente ese límite).
Mediante el DNU, Milei intentó derogar esta normativa. No obstante se interpuso una acción colectiva del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata que frenó en la Justicia ese punto del decreto.
Luego, en agosto de este año el Gobierno Nacional intentó arremeter nuevamente contra la Ley de Tierras, esta vez en el Congreso, mediante un proyecto de ley llamado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Tras un masivo rechazo popular, no consiguió los votos necesarios.
Sin embargo, la historia suma otro capítulo: en el día de ayer, 29 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia derogó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que hacía lugar al reclamo de CECIM y declaraba inconstitucional la anulación de la Ley de Tierras. El argumento de la CSJ fue que CECIM carecía de legitimación para impulsar el proceso colectivo y que, en esas condiciones, no se encontraba configurado un “caso o controversia” que habilitara la intervención judicial.
La soberanía en juego
La demanda de CECIM denunciaba que eliminar la Ley de Tierras facilitaba la extranjerización del territorio y la creación de latifundios, afectando directamente la soberanía nacional y la integridad territorial de Argentina.
Pero la Corte determinó que los ex combatientes de Malvinas «carecen de la legitimidad necesaria» para cuestionar la norma en los tribunales: «Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia», apunta la sentencia firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Corte advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial: «A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella«.
Si bien la Corte argumenta que la decisión de anular el fallo se limita a rechazar la demanda de CECIM y no abre juicio sobre la validez constitucional del art. 154 del DNU cuestionado, el movimiento resulta favorable a los intereses del Gobierno Nacional.
La respuesta de los ex combatientes: «La Corte acaba de poner a la Argentina en venta»
«En un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que ‘LA PATRIA NO SE VENDE’, la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico de soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el
presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23. Lo hizo pateando la pelota afuera. No exploró el planteo jurídico», señalaron desde el CECIM.
«La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas. Lo hizo de forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia. Entendió que no, y al hacerlo le concedió el regalito del año a Javier y a Karina Milei».
Y añadieron: «De eso, en definitiva, se trata. Que nadie salga a pretender dibujar la historia de la tragedia judicial argentina con argumentos técnicos. Es la misma Corte que, institucionalmente, adoptó hace casi 100 años la ‘doctrina de facto’, y convalidó lo hecho por las dictaduras en nuestro país; la que funciona con 3 miembros que tienen más poder que un dios al que nadie puede evaluar. Esa Corte, hoy, es la responsable política e institucional de la venta de las tierras argentinas a extranjeros».
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