El gobernador cuestionó los cambios incluidos en el Presupuesto nacional y advirtió que una reducción de recursos puede llevar al sistema prestacional “a las puertas de un colapso”. Ratificó que Córdoba sostendrá su política de asistencia y trabajo con organizaciones y gobiernos locales.
El gobernador Martín Llaryora endureció este domingo su posición frente a los cambios previstos en materia de discapacidad dentro del debate por el Presupuesto nacional y pidió expresamente a diputados y senadores por Córdoba que no acompañen ninguna reducción de recursos que afecte al sector.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.
El pronunciamiento se produce en medio de la discusión por el Presupuesto 2027, cuyo proyecto introduce modificaciones sobre distintos artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, entre ellos aspectos vinculados con prestaciones y financiamiento. El texto todavía se encuentra sujeto al tratamiento y las negociaciones del Congreso.
Llaryora planteó que las prestaciones, los traslados y las terapias no deberían depender de la situación económica de las familias ni del lugar de residencia.
“La discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad”, afirmó.
Un mensaje a los legisladores nacionales
El gobernador dirigió parte de su mensaje directamente a los representantes cordobeses en el Congreso.
“Les pedimos a nuestros diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general que no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”, sostuvo.
La discusión parlamentaria todavía está abierta. En las últimas horas, sectores del Gobierno nacional dejaron trascender la posibilidad de introducir modificaciones al capítulo referido a discapacidad durante la negociación del Presupuesto.
Llaryora sostuvo que Córdoba continuará trabajando con las organizaciones vinculadas con el sector y los gobiernos locales para sostener la red de atención provincial.
Según expresó, son casi 350 organizaciones las que actualmente articulan con la Provincia en políticas relacionadas con discapacidad.
“El esfuerzo que hacemos entre todos no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades. Es más: esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”, advirtió.
“Las necesidades de las personas no desaparecen”
El mandatario provincial insistió en que el sostenimiento de las políticas públicas resulta indispensable tanto para garantizar prestaciones como para generar oportunidades de inclusión educativa, laboral y social.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento”, expresó.
Córdoba viene reforzando durante 2026 partidas y programas provinciales destinados al sector, en paralelo con los cuestionamientos que el Gobierno provincial mantiene hacia Nación por el financiamiento de las prestaciones. El Presupuesto provincial vigente contempla, entre otras partidas, más de $4.500 millones para el Fondo Provincial de Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
El posicionamiento de Llaryora suma ahora presión política sobre la discusión que deberá atravesar el Presupuesto 2027 en el Congreso y anticipa que la situación de las personas con discapacidad será uno de los puntos sobre los que Córdoba buscará marcar diferencias con el Gobierno nacional.
PARA NOSOTROS, EN CÓRDOBA, LOS FONDOS Y LAS POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD NO SON NEGOCIABLES.
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 20, 2026
NO VAMOS A ACOMPAÑAR NINGÚN RECORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL QUE AFECTE ESTOS DERECHOS.
En nuestra provincia, la #discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad. Las… pic.twitter.com/ZT5TI9cTiT
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