La Justicia de Entre Ríos resolvió suspender durante dos años el proceso penal contra un hombre acusado de sustraer energía eléctrica de la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Para conservar el beneficio, deberá cumplir reglas de conducta, realizar tareas comunitarias y entregar 80 litros de leche a una institución de bien público.
La decisión se tomó en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad entrerriana, dentro del Legajo N.º 9612-OGA. El expediente tiene como imputado a un hombre de 59 años, quien fue acusado de haber hurtado energía eléctrica en perjuicio de la empresa distribuidora de energía local.
El juez de Garantías Mauricio Guerrero encabezó la audiencia, de la que participaron la fiscal Natalia Conti y el abogado defensor Claudio Palmerola. Tras escuchar las posiciones de las partes, el magistrado concedió la suspensión del juicio a prueba, una herramienta prevista en la legislación penal para determinados casos y bajo condiciones fijadas por la Justicia.
La resolución estableció que el juicio quedará suspendido durante dos años, conforme a los artículos 76 bis y 76 ter del Código Penal y al artículo 394 del Código Procesal Penal. Por este motivo, el imputado deberá ajustarse a las obligaciones impuestas para que la medida continúe vigente.
De acuerdo con El Once, la suspensión del proceso a prueba, conocida habitualmente como probation, no implica una sentencia sobre el fondo de la acusación. En cambio, detiene el avance del trámite judicial por el tiempo establecido y su continuidad depende del cumplimiento de las pautas que dispuso el tribunal.
Uno de los deberes fijados es que el hombre deberá establecer un domicilio y comunicar cualquier cambio de residencia. Esa información tendrá que ser notificada a la Fiscalía, al Juzgado de Garantías y a la Oficina de Prueba, los organismos que intervendrán en el seguimiento de las condiciones.
También tendrá la obligación de mantener una conducta social adecuada y de no cometer nuevos delitos mientras se encuentre alcanzado por la medida. El cumplimiento de esa pauta será determinante para sostener la suspensión del juicio.
En línea con esto, el tribunal dispuso que el acusado quede bajo la supervisión de un oficial de pruebas. Ese funcionario deberá realizar controles periódicos e informar acerca de su situación familiar, laboral y social durante los dos años que durará la suspensión.
La intervención de la Oficina de Prueba permitirá verificar si el imputado cumple con las reglas acordadas y con las actividades ordenadas por el juez. Además, el organismo deberá recibir las constancias que acrediten las tareas comunitarias y la donación dispuesta como parte de la probation.
De esta manera, tendrán que controlar que el hombre realice las dos horas mensuales de tareas comunitarias impuestas durante todo el período de probation. Las actividades se llevarán adelante en una institución de bien público, cuya designación deberá coordinarse y acreditarse ante la Oficina de Probation.
La cantidad de horas establecida supone una prestación regular y sostenida a lo largo de la medida. La entidad receptora deberá estar en condiciones de certificar el cumplimiento de las tareas para que esa información pueda ser incorporada al control judicial.
Además, la resolución ordenó la entrega de 80 litros de leche a la Parroquia de Lourdes o a otra institución de bien público que sea determinada y acreditada ante el organismo correspondiente. La donación constituye otra de las obligaciones que el imputado deberá cumplir para conservar la suspensión del proceso.
Finalmente, el juez ordenó comunicar lo resuelto a la Oficina de Control de la Suspensión del Proceso a Prueba de Concordia y al Registro Nacional de Reincidencia. De esta forma, esos organismos deberán tomar conocimiento de la decisión adoptada en el legajo por el presunto hurto de energía.
