Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron que buscarán revisar la condena de la causa Vialidad a partir de nuevas pruebas que, según su criterio, demostrarían que la ex presidenta no benefició de manera indebida a Lázaro Báez y el Grupo Austral. De esta manera construirán una estrategia para intentar suspender, al menos momentáneamente, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El defensor Carlos Alberto Beraldi brindó una conferencia de prensa acompañado de sus pares, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, quienes además trabajan en el tratamiento del caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante la conferencia, el equipo legal mostró un informe técnico elaborado por Specs Consultoría. El estudio concluyó que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad.
“El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos, que se llaman fondos del fideicomiso de transportes o SISVIAL, a partir de un decreto que Cristina Kirchner firma (el decreto 54/2009). Y dice el tribunal que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras que habían sido asignadas a Lázaro Báez”, relató el abogado Beraldi.
Los defensores de la exmandataria resaltaron que “el principal destinatario” de esos fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA S.A., que “es una empresa del primo del expresidente Mauricio Macri”, el empresario Ángelo Calcaterra.
“A Lázaro Báez se le asignó menos del 1%; es sorprendente para nosotros. (El decreto) Es una norma general que de ninguna manera tenía carácter delictivo. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso, que se lo quería beneficiar a Báez”, continuó Beraldi.
Según adelantaron los letrados, hay más “pruebas nuevas” sobre las que aún están trabajando, y no develarán por ahora. Todo se presentará ante la ONU, en el plano internacional, y la Cámara Federal de Casación Penal, en los tribunales locales.
Ante el máximo tribunal penal federal tramitará el recurso de revisión, la “prioridad” de los abogados de Fernández de Kirchner, tal como reconocieron. Es que por esa vía es que la ex presidenta buscará que suspendan los efectos de su condena, lo que incluye la inhabilitación política y electoral.
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