Los socialdemócratas alemanes acordaron participar en las conversaciones exploratorias para formar un gobierno tripartito en Berlín junto a La Izquierda y Los Verdes, una decisión que abre formalmente las negociaciones después de que el partido izquierdista se convirtiera en la fuerza más votada en las elecciones regionales del pasado fin de semana. El acuerdo no garantiza todavía una coalición: las tres formaciones deberán superar diferencias sobre vivienda, seguridad, antisemitismo y la distribución de las principales áreas del Ejecutivo.
La dirección regional del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) aprobó incorporarse al proceso negociador, después de que La Izquierda y Los Verdes ya hubieran dado pasos para explorar un acuerdo. El SPD designó a cinco representantes para participar en las conversaciones, entre ellos Bettina Koenig, Steffen Krach y Derya Caglar, además de otros dirigentes que podrían sumarse según los asuntos incluidos en la agenda.
La negociación parte de un escenario electoral que modificó el equilibrio político de la capital alemana. La Izquierda obtuvo el 25,7% de los votos y consiguió 47 de los 158 escaños de la Cámara de Representantes de Berlín. Fue el mejor resultado de la formación desde la reunificación alemana y la colocó por primera vez como primera fuerza del Parlamento regional. Sin embargo, necesita aliados para alcanzar una mayoría y gobernar.
El SPD y Los Verdes son las dos fuerzas necesarias para construir esa mayoría, pero ambas han establecido límites antes de sentarse a negociar. Los socialdemócratas mantienen diferencias especialmente profundas con La Izquierda en materia de vivienda. Una de las principales propuestas de la formación ganadora consiste en expropiar grandes empresas inmobiliarias que posean más de 3.000 viviendas para ampliar el parque residencial bajo control público y responder a la presión sobre los alquileres.
El planteamiento genera resistencia dentro del SPD. Steffen Krach, quien fue candidato socialdemócrata a la alcaldía, había advertido que el camino hacia un acuerdo presentaba “obstáculos muy grandes”. También cuestionó el impacto de las controversias que involucraron a dirigentes de La Izquierda durante los últimos días y señaló: “Sinceramente, no se puede decir que los últimos días inspiraran mucha confianza”.
Las dificultades aumentaron después de que aparecieran fotografías de un activista propalestino en la celebración electoral de La Izquierda. Al hombre se le atribuyen vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado una organización terrorista por la Unión Europea.
Uno de los dirigentes afectados fue el diputado de La Izquierda Ferat Kocak, quien negó conocer al activista y a una persona señalada como integrante de un clan criminal libanés. Posteriormente, Kocak anunció una retirada temporal de su actividad parlamentaria después de que se difundiera una conversación privada con el hijo del hombre señalado. En ese intercambio, el diputado utilizaba un tono familiar y le solicitaba que ayudara a difundir contenidos de La Izquierda entre “su gente”.
Los Verdes también plantearon condiciones para avanzar. Su dirección reclamó garantías de que una eventual coalición mantendrá una posición común contra el antisemitismo y advirtió sobre los cuestionamientos relacionados con los contactos de integrantes de La Izquierda con personas vinculadas al crimen organizado y con organizaciones palestinas. Además, la formación considera que áreas sensibles como Interior y Justicia no deberían quedar bajo control de La Izquierda.
La presidenta federal de Los Verdes, Franziska Brantner, también señaló estas cuestiones como parte de las condiciones para la cooperación. La formación anunció que consultará a sus bases antes de respaldar cualquier acuerdo definitivo, por lo que las conversaciones deberán superar tanto las diferencias entre las direcciones partidarias como los procedimientos internos de aprobación.
En paralelo, un grupo de 150 intelectuales judíos residentes en Berlín difundió una carta en respaldo de La Izquierda y cuestionó las acusaciones contra el partido. Los firmantes sostuvieron que las denuncias constituyen “una cínica instrumentalización política” y advirtieron que se estaba equiparando “prácticamente cualquier crítica a la política israelí con antisemitismo”.
Con el ingreso formal del SPD a las conversaciones, las tres fuerzas ya cuentan con autorización para explorar una fórmula común de gobierno. El proceso deberá definir un programa compartido, resolver las diferencias sobre vivienda y seguridad y determinar qué partidos asumirán las principales carteras de la administración de Berlín.
