Los gremios anticipan que la propuesta de la gestión libertaria será, una vez más, insuficiente. De no llegar a un acuerdo, se tomarán nuevas medidas de fuerza, entre ellas la quinta Marcha Federal Universitaria.
Este jueves, gremios docentes se reunirán con representantes del Gobierno Nacional para negociar paritarias, aunque con bajas expectativas: las agrupaciones anticipan que la oferta será insuficiente y apuestan a la continuidad del plan de lucha.
Según Daniel Ricci, secretario general la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), el Ejecutivo aún no convocó a los dirigentes sindicales a discutir los aumentos salariales de modo formal.
El dirigente expresó que el objetivo de las y los docentes universitarios es “recuperar el 32% del salario que perdimos desde que Javier Milei es presidente”.
En caso de no llegar a un acuerdo que realmente recomponga la situación de las universidad públicas nacionales y acate la Ley de Financiamiento Universitario, la respuesta será la profundización de las medidas de fuerza, como los paros sin actividad, las clases públicas y una nueva Marcha Federal Universitaria.
Según sindicatos, el financiamiento de las universidades nacionales acumula una caída real del 21,9% desde 2023. Esto significa que, para cumplir con la Ley, la gestión libertaria debería ampliar en 1,6 billones de pesos el presupuesto vigente.
Este jueves 17, las organizaciones universitarias realizarán un acto frente al Palacio Pizzurno (CABA) en el marco de la convocatoria a la paritaria docente y nodocente.
“A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno de Milei sigue sin cumplir con su aplicación”, denunció el gremio docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), que llamó a manifestarse frente a la Casa Rosada.
Como parte de las acciones de reclamo y visibilización del conflicto, el 15 de septiembre en CABA los 13 decanos de distintas facultades de la UBA dieron clases abiertas al público; además, se llevaron a cabo actividades científicas y servicios gratuitos para la comunidad como atención odontológica, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
También se exhibieron proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico realizados en la universidad; entre ellos, un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la UBA.
El Gobierno miente
El 1° de septiembre pasado, el juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas contempladas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley: gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación.
A pesar de la intimación judicial, el Gobierno Nacional se aferra a haber otorgado aumentos muy por debajo de los necesarios para argumentar que ya cumplió con la ley y que la cautelar debe darse de baja.
Lo que es más, el vocero presidencial, Adrián Ravier, directamente desmintió que la gestión libertaria tenga un problema contra las universidades: “no hay ninguna cuestión particular contra las universidades”, aseguró, y negó que se esté llevando a cabo el desfinanciamiento presupuestario.
En su discurso también repitió el por demás desgastado argumento respecto al origen del presupuesto: “La oposición generó políticas de gasto sin establecer el financiamiento de esas partidas. Alguien tiene que decir de dónde va a salir el dinero, sin recurrir a la emisión ni a la deuda, porque eso ya lo vivimos y nos lleva al desastre”.
El impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario equivale apenas al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
El vocero cerró reiterando que el lugar para «discutir» el presupuesto es la Cámara de Diputados: “Hoy se presenta el Presupuesto 2027 en Diputados. Ese es el lugar de discutirlo, a partir de ahí se verá cuánto se destina a las universidades” para el año próximo, agregó y concluyó con una lisa y llana mentira: “Hasta el día de hoy se está cumpliendo con la Ley y el Presupuesto”.
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