El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal que depende del Banco Mundial, aceptó la solicitud de Burford Capital y abrió un arbitraje contra Argentina por la nacionalización de YPF.
La información fue confirmada a Infobae por fuentes dle Gobierno que entienden en la causa.
Burford fue el gran perdedor de una demanda de más de 10 años contra el estado local. Ese bufete inglés había comprado los derechos para litigar a un par de empresas que acudieron a la justicia de Estados Unidos por considerase perjudicados luego de expropiación de la petrolera, en 2012.
En junio pasado, en un fallo histórico para el país, la Corte de Apelaciones de Nueva York, dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina y evitó el reclamo por unos USD 18.000 millones que había iniciado Burford y tenía un fallo favorable en primera instancia de la jueza Loretta Preska.
Luego del duro revés, y que desplomara su cotización bursátil, Burford dijo que iba agotar las instancias que le quedaban: la corte Suprema de EEUU y el Ciadi. La acción de empresa hoy se desbarrancaba más de 7% y desde el días antes del fallo adverso de cámara hasta la actualidad, la empresa perdió más del 51% de su valor.
“Esto es otra instancia que arranca desde cero, nada tiene que ver con la victoria que consiguió argentina en los tribunales de Estados Unidos”, le aclararon fuentes oficiales a este medio.
“Hay 90 días para establecer el calendario procesal. Es un proceso distinto al litigio y, en general, el Ciadi no distribuye información sobre el caso, que era todo público. Solemos ser flexibles en eso y queremos que sea público el proceso, pero será parte de un acuerdo previo”, agregaron.
Una larga disputa
La disputa comenzó cuando el Estado argentino tomó el 51% de YPF, hasta entonces en manos de la española Repsol, mediante una ley aprobada por el Parlamento durante el Gobierno de Cristina Fernández. Burford Capital y la firma estadounidense Eton Park adquirieron los derechos de litigio e iniciaron acciones judiciales.
Preska condenó al Estado en 2023 a pagar USD 16.100 millones, una suma que con intereses llegaría a unos USD 18.000 millones, pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo el 27 de marzo.
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