El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la causa que investigó un presunto financiamiento familiar a Revolución Federal y cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de montar una “persecución ridícula” en su contra.
“Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más ridícula de la historia”, cuestionó el ministro en sus redes, luego de que la Justicia descartara un vínculo entre sus hermanos y el grupo antikirchnerista que había sido vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, Caputo acusó “la complicidad de una buena parte del periodismo” y apuntó contra la actual oposición por buscar “hacer daño” para “sacar algún rédito político”.
“En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, sentenció el funcionario. Y agregó: “Lo curioso es que para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno”.
Los fundamentos del sobreseimiento
Luego, Caputo compartió los principales argumentos del juez Marcelo Martínez de Giorgi para fundamentar el sobreseimiento. Los hermanos del ministro -dueños de la firma Caputo Hermanos- eran investigados para determinar si habían financiado encubiertamente a la agrupación Revolución Federal, procesada por “incitación a la violencia colectiva” por liderar marchas contra el kirchnerismo y repartir amenazas públicas contra sus dirigentes.
Finalmente, la Justicia nunca probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, pero el kirchnerismo mantuvo la hipótesis en la querella y acusó a la familia del ministro de Economía de disimular pagos para impulsar sus actividades.
Según los argumentos que compartió Caputo, el juez sostuvo que la obra por la que sus hermanos contrataron a Morel “existió y fue real”: remitos, facturas, transferencias e informes de AFIP y de entidades bancarias comprobaron que el edificio Espacio Añelo se construyó y que los muebles encargados se fabricaron, entregaron e instalaron efectivamente allí.
Para el magistrado, la secuencia comercial —búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— sigue un orden compatible con un trabajo genuino y no con una maniobra para canalizar fondos hacia Revolución Federal. A eso sumó que el vínculo entre Rosana Caputo y el líder del grupo era anterior a la creación de la agrupación, en mayo de 2022, lo que para el juez debilita la hipótesis de un pago encubierto por su activismo. Tampoco encontró pruebas de que la familia conociera la militancia de Morel al momento de contratarlo ni de que los desembolsos estuvieran condicionados a su actividad política.
El fallo también descartó que hubiera sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores no logró determinar un aumento real en los valores facturados, ya que comparaba productos hechos a medida con otros estandarizados, parámetros que consideró no equiparables. A esto se agregó un dato procesal que, según el juez, le resta sustento a la teoría de un financiamiento organizado: en cámara, Revolución Federal fue recalificada como un grupo de menor entidad, encuadrado en el artículo 212 del Código Penal —incitación a la violencia colectiva— y no en el 213 bis, que tipifica la asociación ilícita.
Con esos elementos, Martínez de Giorgi concluyó que no existían indicios suficientes para sostener la imputación y dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos por inexistencia del hecho investigado.
El trasfondo político del caso
La causa había sido impulsada en parte por la querella de Cristina Kirchner, que buscó unificarla con el expediente que terminó con las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta.
Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado, el kirchnerismo argumentó que Sabag Montiel y Uliarte habían participado de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del intento de magnicidio. También remarcaron que dos integrantes de la agrupación, Gastón Guerra y Sosa, tres o cuatro días antes del ataque, estuvieron en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de la expresidenta cuando esta vivía en el barrio de Recoleta.
Sin embargo, la Justicia mantuvo siempre ambas líneas de investigación por separado. Por sus amenazas y actos violentos, el fiscal Gerardo Pollicita había pedido llevar a juicio oral a cinco integrantes de Revolución Federal, entre ellos Morel y Leonardo Sosa. El grupo se expone a penas de entre 3 y 8 años de prisión.
