Dos empleados de un instituto de detención de menores de la provincia de Buenos Aires fueron despedidos y denunciados penalmente después de una investigación que detectó una presunta trama de complicidad para permitir el ingreso de drogas a cambio de dinero. El caso ocurrió en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria Malvinas Argentinas, en Pablo Nogués, donde las autoridades advirtieron una modalidad que involucraría a trabajadores encargados del cuidado de los adolescentes.
Los agentes denunciados son Martín Moreira y Marcos Nahuel Álvarez, quienes cumplían funciones en el módulo 2 del establecimiento. Ambos fueron desvinculados de la planta temporaria del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. La investigación judicial quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 del Departamento Judicial de San Martín.
Según pudo saber Infobae, la intervención fue impulsada por el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, después de una serie de actuaciones internas que permitieron detectar irregularidades vinculadas con la presencia de estupefacientes dentro del establecimiento. La instalación de una red de contención sobre uno de los patios, para impedir que personas situadas en el exterior arrojaran paquetes con drogas -una modalidad conocida como “paloma” o “palomita”-, expuso una presunta operatoria que llevaba varios meses.
El episodio que desencadenó las denuncias ocurrió cuando un envoltorio con sustancias prohibidas quedó atrapado en la red y varios adolescentes intentaron recuperarlo. El incidente derivó en un enfrentamiento con trabajadores del instituto y, después, en la aparición de dos videos grabados por los propios jóvenes, quienes reclamaban a los empleados por dinero que habrían entregado a cambio de estupefacientes que no recibieron. En uno de esos videos se menciona que tuvieron “luz verde” para recibir esos envíos ilegales.
Las grabaciones se convirtieron en un elemento central de la causa, junto con las declaraciones de los adolescentes y las referencias a transferencias de dinero realizadas mediante billeteras virtuales, que se habría pactado mediante mensajes en TikTok. Mientras la pesquisa avanzaba sobre los dos trabajadores, las autoridades provinciales resolvieron desvincularlos y trasladar a los jóvenes involucrados a otros establecimientos para evitar posibles represalias.
La investigación de las “palomas”
Los antecedentes del caso se remontan a julio, cuando Zerillo confirmó que las investigaciones internas habían detectado sustancias prohibidas en el establecimiento de Pablo Nogués. Ante la explicación de que se trataba de drogas secuestradas en los pasillos, el funcionario dispuso que se formalizara la denuncia penal y que el material fuera entregado a las autoridades policiales.
El episodio motivó una reunión con representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense, a quienes se solicitó colaboración para enfrentar una práctica que comenzaba a alertar a las autoridades: el ingreso de estupefacientes mediante paquetes arrojados desde el exterior.
El procedimiento, conocido en la jerga carcelaria como “palomita” o “paloma”, consiste en lanzar envoltorios por encima de muros o alambrados para que caigan dentro de los patios o sectores ocupados por personas privadas de su libertad. Así, los paquetes evitan los controles habituales de ingreso de mercadería y pertenencias.
La respuesta fue instalar una red de contención sobre el patio del establecimiento. El dispositivo buscaba interceptar los envoltorios antes de que llegaran a manos de los adolescentes.
En paralelo, se inició un trabajo de inteligencia criminal e investigación preliminar que incluyó el relevamiento y cruce de información reunida desde 2024. La tarea abarcó denuncias penales anteriores, llamados al 911, legajos disciplinarios, antecedentes de conducta y datos sobre las dinámicas de funcionamiento dentro y fuera del instituto.
El objetivo era determinar cómo ingresaban las drogas y si existía algún grado de complicidad del personal encargado de custodiar a los adolescentes. La instalación de la red cambió el curso de la investigación.
Un paquete quedó retenido y desató un conflicto
El 17 de septiembre pasado, alrededor de las 16.40, un paquete arrojado desde el exterior quedó retenido en el alambrado del techo del patio del módulo 2. Según el acta de hallazgo confeccionada por las autoridades del establecimiento, el envoltorio contenía tres encendedores, papeles para armar cigarrillos, dos bolsas con polvo blanco y otros dos envoltorios con hierbas de procedencia desconocida.
El documento dejó constancia de que el material fue retirado por personal policial y destruido en presencia de efectivos y trabajadores de coordinación. Tampoco fue posible identificar a la persona que arrojó el paquete desde el exterior.
El hallazgo, sin embargo, permitió avanzar sobre otra hipótesis: la posible participación de empleados del instituto en el ingreso de estupefacientes. Dos jóvenes alojados en el módulo, identificados como A.U.D., de 17 años, y B.T.N., de 18, intentaron recuperar el envoltorio. Uno de ellos resultó lesionado al trepar para alcanzarlo.
La situación derivó en un conflicto con los asistentes del establecimiento y en la intervención de un tercer adolescente, Z.A.T., de 16 años. Uno de los trabajadores, Moreira, quien se desempeñaba como referente del módulo 2, presentó una denuncia penal en la que sostuvo que los jóvenes lo habían amenazado con un elemento cortopunzante para obligarlo a permitir esa práctica.
Según su versión, los adolescentes exigían autorización para tolerar el ingreso de sustancias prohibidas y amenazaban con incendiar el módulo si no obtenían una respuesta favorable. En la denuncia apareció la expresión “luz verde”, en alusión a la supuesta autorización que reclamaban para introducir estupefacientes.
Pero cuando las autoridades del instituto comenzaron a reconstruir el incidente, aparecieron elementos que pusieron en duda el relato inicial del empleado.
Los videos y las transferencias reorientaron la investigación
Los tres jóvenes fueron convocados de manera individual para realizar sus descargos en las actuaciones disciplinarias iniciadas por los incidentes. Durante esas entrevistas, acusaron a Moreira y a otro asistente del módulo, Álvarez.
Según los testimonios incorporados a la denuncia penal, ambos trabajadores habrían participado durante unos seis meses en maniobras para facilitar el ingreso de marihuana, cocaína y tusi. Los adolescentes afirmaron que existían acuerdos con los empleados para permitir el acceso de las sustancias a cambio de dinero.
También aseguraron que tenían dos videos grabados dentro del establecimiento, en los que aparecían los trabajadores en conversaciones vinculadas con las presuntas operaciones de compraventa de drogas. Las grabaciones mostraban un contexto diferente del presentado inicialmente por Moreira: los jóvenes increpaban a los empleados y les reclamaban explicaciones por dinero que habrían entregado para conseguir estupefacientes que no llegaron a sus manos.
La aparición de esos registros permitió reconstruir el enfrentamiento dentro del módulo y profundizar la investigación sobre la actuación de los dos trabajadores. En las actuaciones judiciales a las que accedió Infobae también quedó incorporada otra acusación: uno de los adolescentes aseguró contar con capturas de pantalla de transferencias de dinero mediante una billetera virtual a Moreira para pagar las sustancias solicitadas.
Las autoridades provinciales consideraron que la gravedad de los testimonios y de los registros audiovisuales justificaba ampliar la denuncia penal y poner toda la información a disposición de la Justicia. El director del instituto, Roberto Soto, formalizó la presentación inicial el 18 de septiembre, con las declaraciones de los adolescentes, los antecedentes del episodio y los elementos que podrían permitir reconstruir las presuntas maniobras.
La investigación administrativa identificó otras modalidades que, según los jóvenes, habrían utilizado los trabajadores. Moreira habría permitido el uso de teléfonos celulares dentro del módulo y participado en acuerdos para conseguir sustancias prohibidas. En tanto, Álvarez presuntamente solicitaba una parte de las sustancias que ingresaban desde el exterior y luego quedaban en poder de los internos.
Los adolescentes también afirmaron que los trabajadores toleraban enfrentamientos físicos entre los alojados y otras situaciones contrarias a las normas internas. Las autoridades aclararon que todas esas manifestaciones deben ser verificadas en la causa penal y que su incorporación al expediente no implica que se las tenga por acreditadas.
La Fiscalía pidió los legajos y los jóvenes fueron trasladados a otros centros
El director de la Región de Centros Cerrados II del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Juan Sebastián Rebairols, formalizó una ampliación de la denuncia presentada por Soto. La presentación fue incorporada a la investigación que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 de San Martín.
En el escrito, Rebairols explicó que, al momento de la denuncia inicial, las autoridades todavía no habían tenido acceso a los videos mencionados por los adolescentes. Las grabaciones fueron compartidas después y remitidas a la Justicia para su análisis.
La ampliación también informó sobre el traslado de los tres jóvenes a otros establecimientos dependientes del organismo provincial. La medida buscó preservar su integridad física, evitar posibles represalias y garantizar la continuidad de sus procesos socioeducativos y el contacto con sus defensas.
La investigación sumó otro testimonio el 21 de septiembre, cuando A.U.D. fue entrevistado en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora. El director de ese establecimiento, Marcelo Abel Pombo, confeccionó un acta después de conversar con el joven en presencia de personal administrativo.
El adolescente aseguró que, durante los aproximadamente seis meses que estuvo alojado en el módulo 2 de Pablo Nogués, observó cómo asistentes de diferentes guardias llevaban marihuana a los internos. Consultado por la modalidad de pago, afirmó: “Muchas veces le transfieren plata a los asistentes para que les traigan droga, se las dejaban en la celda o hacían un pase de mano, nadie se daba cuenta porque nadie controla”.
El joven también mencionó a un empleado al que identificaban como “Tincho”, en referencia a Moreira, aunque sostuvo que había otros trabajadores cuyos nombres no podía precisar. El testimonio fue incorporado a las actuaciones y amplió la información disponible sobre el funcionamiento del establecimiento.
El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia avanzó con la desvinculación de Moreira y Álvarez, ambos integrantes de la planta temporaria. El 22 de septiembre formalizó los pedidos de limitación de sus contratos por estrictas razones de servicio.
Al día siguiente, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 de San Martín, a cargo del fiscal Ignacio Jaime García, remitió un oficio al organismo para solicitar información sobre los dos empleados denunciados. La Fiscalía pidió determinar si integraban o habían integrado el personal provincial y si prestaban o habían prestado servicios en el instituto de Malvinas Argentinas.
También requirió copias certificadas de sus legajos, con datos sobre cargos, categorías, antecedentes y destinos laborales. El oficio consignó que el pedido tenía carácter urgente. El 24 de septiembre, el organismo respondió con la documentación solicitada y las actuaciones administrativas vinculadas con la desvinculación de los trabajadores.
La causa reúne las denuncias originales, su ampliación, los videos aportados por los adolescentes, las declaraciones recogidas en los establecimientos y los antecedentes administrativos. La Justicia deberá determinar el alcance de las maniobras, verificar las presuntas transferencias de dinero y establecer si hubo otras responsabilidades en el ingreso de drogas al instituto.
