El Gobierno avanza con una nueva medida en el marco del plan para alcanzar el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Así, la Oficina del Presidente anunció que creará una nueva área en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Según informó el Poder Ejecutivo, se trata del Sistema de Articulación de la Política Exterior que estará en el ámbito de la Cancillería. El objetivo será “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
Además, añadieron: “Permitirá a la Cancillería asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.
El nuevo sistema apunta a que ninguna actividad del Estado Nacional quede por fuera del esquema de coordinación diplomática. El comunicado oficial precisa que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios del Atlántico Sur “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”.
El mecanismo también habilita a la cartera a intervenir cuando detecte que alguna actividad estatal podría contradecir o debilitar la postura oficial en materia de soberanía. La coordinación, según el texto del anuncio, busca “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional y adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”.
En declaraciones a La Nación+, el canciller Pablo Quirno describió la estrategia del Gobierno como un esquema combinado que enlaza sanciones, gestión diplomática y refuerzo de capacidades logísticas. “No hay tiros independientes individuales”, sostuvo, al explicar que cada medida forma parte de un diseño articulado.
Quirno también confirmó que la Cancillería será la autoridad encargada de iniciar los expedientes sancionatorios previstos en el decreto reglamentario de la ley 26.659, sancionada en 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Esa decisión responde, según el funcionario, a que el caso “es un tema principalmente de política exterior” y a que el alcance de las actividades involucradas excede el plano puramente hidrocarburífero. Hasta el momento, el Ministerio ya denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro.
“El resultado primeramente es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”, sostuvo Quirno en declaraciones a La Nación+. El canciller también señaló que la Argentina cuenta hoy con una herramienta de presión que no existía cuando se sancionó la normativa vigente: el peso de Vaca Muerta como destino de inversiones energéticas. Según su argumento, esa gravitación permite condicionar decisiones corporativas, ya que las empresas deben elegir entre operar en el mercado argentino o vincularse con licencias que el Gobierno define como ilegales en un territorio en disputa.
Esa presión sobre el sector privado se complementa con una ofensiva legislativa en curso. El Gobierno Nacional trabaja en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que actualmente atraviesa la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy. El texto incorporaría modificaciones a la ley 26.659 con penas más severas y un espectro más amplio de actividades alcanzadas. Entre las opciones que se evalúan figura la inclusión de la pesca, un reclamo que levantó la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) al argumentar que el mismo criterio aplicado a las petroleras debería extenderse a las licencias que el Reino Unido otorga desde hace décadas en el área. El peronismo también sumó presión en esa dirección: el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.
El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayores apoyos. Desde la mesa política del Gobierno estimaron que el tratamiento en comisión comenzará entre fines de septiembre y principios de octubre. “Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido”, expresó ante Infobae una fuente del espacio oficial. Los ministros Quirno y Carlos Presti (Defensa), que participaron directamente en la redacción del articulado, figuran entre los potenciales expositores si el Ejecutivo decide enviar un funcionario al Congreso para presentar los detalles, además de su participación prevista en las reuniones de comisión.
