El Gobierno enviará este viernes al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti a Tierra del Fuego para recorrer el predio destinado a la Base Naval Integrada y acelerar una obra que proyecta convertir a la provincia en un polo logístico para el Atlántico Sur y la Antártida. La iniciativa requiere una inversión estimada de entre USD 400 y USD 500 millones y se articula con nuevas medidas contra empresas que operan sin autorización argentina en las Islas Malvinas que ya anunció el presidente Javier Milei.
La visita de los dos funcionarios busca impulsar los plazos de construcción en la zona donde se reanudarán las obras, iniciadas en el 2022 y pausadas en el primer año de la administración libertaria. La Base Naval Integrada no tendrá un fin bélico, sino que concentrará funciones logísticas, operativas y científicas vinculadas con la proyección argentina hacia la Antártida. El vocero presidencial Adrián Ravier definió el alcance previsto: “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”.
La presencia conjunta de Quirno y Presti busca comunicar esa confluencia entre el desarrollo militar y la persistencia del reclamo diplomático de Argentina por la soberanía de las islas ante el Reino Unido.
Los dos ministros despegarán desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque a las 06:30 de la mañana rumbo a Ushuaia, Tierra del Fuego. El Embraer RJ operado por la Fuerza Aérea tendrá la presencia del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Marcelo Dalle Nogare; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay; los diputados nacionales Miguel Rodríguez y Santiago Pauli; y los senadores nacionales Agustín Coto y Belen Monte de Oca. Los últimos cuatro son representantes de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego.
La agenda prevista contempla el arribo y la recepción de toda la comitiva por parte del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, según confirmó él mismo a Infobae. El dato no es para nada menor si se tiene en cuenta que el Gobierno y la administración provincial no han sido particularmente cercanos a lo largo de estos casi tres años.
Una vez llegados a la Base se les hará una orientación sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección hacia la Antártida. Después tienen prevista una recorrida ejecutiva por el predio destinado a la futura Base Naval Integrada, acompañada por los responsables y expertos técnicos de la base que expondrán sobre el estado del proyecto, sus principales componentes y los desafíos para su ejecución. Después de un almuerzo y una visita a otros sitios de interés se va a proceder al posterior traslado al aeropuerto para regresar a la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto ya recibió una reasignación presupuestaria de USD 142 millones en una modificación realizada la semana pasada en el Boletín Oficial, pero esa partida cubriría cerca del 30% del costo final calculado. El Poder Ejecutivo deberá resolver el origen del financiamiento restante, que rondaría el 70% del total.
Parte de ese monto debería plasmarse en el Presupuesto 2027 que se presentará la semana que viene. En ese sentido, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la Base Naval Integrada y otros proyectos definidos como estratégicos como la Base Conjunta Antártica Petrel.
No es casual por eso la presencia de los diputados y senadores libertarios de Tierra del Fuego. A pedido del armador nacional Lule Menem, Rodríguez fue el encargado de hacer de nexo para convocar a los legisladores y sumarlos al convoy de este viernes. Quienes están en carrera para encabezar la boleta a gobernador son Santiago Pauli y Agustín Coto. Son los únicos posibles que pueden llegar a ser postulados. Aun así, una fuente inobjetable de la cúpula de La Libertad Avanza pidió dejar expreso: “No hay definiciones. Son dos importantes legisladores del espacio”.
La situación política del oficialismo provincial es sensible debido a unos años de fuerte debilitamiento financiero, el cual produjo recortes reales para el gasto de su administración pública. Eso se evidencia en diferentes conflictos sectoriales como el que se mantiene con los docentes, que están de paro desde hace seis semanas y por tiempo indeterminado. La Libertad Avanza tiene como principales alfiles en la Legislatura provincial a Natalia Gracianía y Luciano Selzer.
Los próximos proyectos del Gobierno por Malvinas
El ministro de Defensa, Carlos Presti, expuso los detalles de la base y del Polo Logístico durante una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada. Quirno y Presti participaron por primera vez de ese encuentro, en el que también se abordaron los avances de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa legislativa será presentada la próxima semana en la Cámara de Diputados. El proyecto busca endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para las empresas y sus proveedores que desarrollen actividades sin autorización en las islas, e incorporar la posibilidad de juicio en ausencia cuando corresponda.
La propuesta también plantea crear un Consejo de Seguridad Nacional que reúna a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El Congreso deberá otorgarle herramientas económicas y diplomáticas especiales para responder ante amenazas provenientes de actores estatales o no estatales.
El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas internacionales acusadas de operar sin autorización en Malvinas. La medida se suma a las notificaciones emitidas durante el fin de semana contra 45 personas humanas y jurídicas.
La ofensiva incluye una denuncia penal presentada el lunes por el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La acción judicial alcanza a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” de esas compañías que hubieran intervenido en los hechos investigados. Las firmas están vinculadas a actividades extractivas en el archipiélago.
La posición oficial fue expresada en un comunicado difundido tras las nuevas sanciones: “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”. El Gobierno añadió que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes “son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.
