La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial con el fin de frenar los planes de explotación de petróleo y gas de la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.
Los demandantes expresan que la actividad avanza sin los correspondientes controles de impacto ambiental, sin la autorización de autoridades argentinas y afectando a nuestra soberanía y ecosistema marítimo, no solo de Malvinas sino de las zonas circundantes que también recibirían el impacto de la explotación.
Por el ambiente y la soberanía
«La demanda que presentamos junto a los Ex Combatientes de Malvinas busca frenar el proyecto de petróleo y gas Sea Lion que avanza en la Cuenca Malvinas Norte sin la evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación argentina ni autorización de las autoridades nacionales«, señala la publicación en redes de AAdeAA.
Continúa: «La acción fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande. Su competencia va desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, actualmente ocupadas ilegalmente, con el objetivo de poner un freno al proyecto hidrocarburifero en nuestras islas.
Según explican desde la organización, durante este año el proyecto británico-israelí comenzó a realizar obras sobre el muelle y la base terrestre; además, para los años 2027 y 2028 las compañías pretenden avanzar en la fabricación de equipos y en la adaptación de una unidad flotante que operaría en el yacimiento, con obras proyectadas para el 2027 y 2028.
La difusión en redes concluye: «Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble: afecta los ecosistemas y afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio. La soberanía excede el mapa y la efeméride. Reclamamos la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto».
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