Tras el reclamo del presidente Javier Milei por retomar negociaciones sobre la soebranía de las islas ante la Asamblea General de la ONU, el Reino Unido no tardó en responder reafirmando su dominio, adelantando que no se abrirán conversaciones sin los «kelpers» y sosteniendo que la explotación de petróleo es legítima.
La 81ª Asamblea General de la ONU fue el escenario de renovadas discusiones sobre las islas Malvinas, frente a frente con representantes del Reino Unido.
Quien habló primero sobre el tema fue Andy Burnham, primer ministro británico. Tras encontrarse con Donald Trump (quien venía amenazando al Reino Unido con cambiar de postura sobre Malvinas en favor de Argentina si los británicos no aumentaban su aporte a la OTAN), Burnham dijo ante la ONU que Londres se mantendría firme frente a «cualquier amenaza al orden de la ley», incluyendo a sus territorios de ultramar.
El canciller argentino Pablo Quirno empleó el derecho a réplica y expresó que hacía «muchísimo tiempo» que un mandatario británico no mencionaba las islas en su intervención ante la ONU, que la Argentina mantiene «plena disposición» a reanudar las negociaciones bilaterales, reafirmando que las islas están «ilegalmente ocupadas por el Reino Unido».
No obstante, Burnham dejó clara la postura británica el pasado miércoles: no habrá negociaciones sobre la soberanía de las islas sin el consentimiento de los habitantes del archipiélago, los «kelpers», población inglesa implantada en el territorio malvinense.
Asimismo, Londres defendió la explotación de hidrocarburos en la zona como una “actividad comercial legítima” y cuestionó las medidas adoptadas por Argentina contra las empresas involucradas.
Actualmente, el gobierno argentino intenta frenar la primera, ilegal y multimillonaria explotación petrolera en León Marino (Sea Lion), al norte de la Isla Soledad. Respecto a estas medidas, la postura británica las calificó como un intento “inaceptable” de ejercer jurisdicción extraterritorial, sosteniendo que las acciones de nuestro país no tienen justificación en el derecho internacional y son incompatibles con el libre comercio.
Qué dijo Milei
La posición británica fue incorporada al registro oficial de la Asamblea General luego del discurso de Javier Milei. En su turno de hablar, el presidente argentino brindó una diatriba antiprogresista contra una variedad de temas, desde género pasando por el cambio climático hasta criticar a la propia ONU.
Pero el punto central de su discurso fue Malvinas, a la cual calificó como “una causa nacional”, exigiéndole al Reino Unido que reanude negociaciones, criticando específicamente la explotación de petróleo bajo la empresa Sea Lion y cuestionando a la ONU por la falta de avances en la disputa.
El presidente argentino también insistió en que el derecho de autodeterminación de la población que vive en Malvinas no aplica en este caso, considerando que es una población británica implantada en un territorio cuya soberanía está en disputa.
Como era de esperar, Londres replicó que “no tiene ninguna duda” sobre la soberanía británica en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por lo cual rechazó categóricamente retomar negociaciones.
El gobierno británico volvió a apoyarse en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas y sostuvo que tienen derecho a determinar su estatus político y su desarrollo económico, social y cultural. Según la posición británica, ese derecho está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas y en los pactos internacionales sobre derechos humanos, y las resoluciones de la ONU invocadas por Argentina no lo modifican.
En la encuesta realizada en 2013, en tanto es una población cuya pertenencia nacional e identidad cultural es británica, los habitantes de las islas eligieron seguir perteneciendo al Reino Unido. Es por ello que en este caso, apelar al derecho de autodeterminación de los pueblos -algo que, a lo largo de su historia imperialista y colonizadora, nunca fue de gran relevancia para los ingleses– les resulta muy conveniente.
Ese argumento fue esgrimido por Londres para validar la explotación de hidrocarburos en territorio malvinense, en tanto los «kelpers» tendrían derecho a explotar sus recursos naturales.
La postura británica sobre las petrolíferas es que constituyen una “actividad comercial legítima” regulada por la legislación de las islas y, según su posición, en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Londres sostuvo además que las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas no prohíben el desarrollo económico del archipiélago ni limitan, según su interpretación, el derecho de sus habitantes a decidir sobre esas cuestiones.
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