Este martes 22 de septiembre vence el plazo -que ya fue prorrogado anteriormente- para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presente ante la Justicia las explicaciones sobre su evolución patrimonial.
El exfuncionario debe responder un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que lo investiga, junto a su esposa Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni podría pedir una nueva prórroga.
La fecha no es menor. El requerimiento original se computó en días hábiles, no corridos. El primer tramo venció el 1 de septiembre. El juez Ariel Lijo le concedió entonces otros 15 días hábiles, luego de que la defensa pidiera acceder a material vinculado al contratista Matías Tabar, testigo clave de las refacciones.
El expediente busca reconstruir el período que va desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la administración de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, día de su renuncia. Según el análisis técnico que respalda al fiscal, el grupo familiar tuvo ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones. La diferencia, de $43.068.549, es uno de los puntos que la fiscalía considera sin respaldo suficiente.
A ese desajuste en pesos se suman gastos en dólares por US$402.578. El monto incluye la compra y la refacción de inmuebles, mobiliario, alquileres temporarios y viajes. El punto más sensible es el pago en efectivo de US$245.000 a Tabar por la remodelación de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El cuestionario no se limita a esa casa de fin de semana. Pollicita también exige el origen de los dólares en efectivo declarados al rectificar las declaraciones juradas, la existencia real de préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra del departamento de Miró 550, en Caballito y la operatoria con criptoactivos.
También el uso de terceros para adquirir bienes, facturas informadas a ARCA por más de $6 millones cuyos pagos no cierran con bancos ni tarjetas, deudas con el Banco Galicia y consumos de personas del entorno como adicionales de tarjetas del exfuncionario.
En las DDJJ rectificativas, Adorni consolidó un patrimonio declarado de $944,5 millones al cierre de 2025 e invocó ahorros y criptoactivos que no habían figurado en presentaciones anteriores. El fiscal no discute que esos bienes existan: pide trazabilidad.
Viajes y deudas
Otro eje de la investigación son los viajes de Adorni. El grupo familiar viajó a distintos destinos y registró desembolsos tanto con tarjetas como en efectivo. Entre esos movimientos aparece un viaje a Aruba, con gastos por US$14.696.
La evolución de las deudas también forma parte del requerimiento. Durante el tramo investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones.
La fiscalía detectó la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares contraídas con particulares y pidió precisiones sobre su origen, sus condiciones y el destino de esos fondos.
La justificación patrimonial es una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que el exfuncionario presente sus explicaciones, la fiscalía deberá evaluar si resultan suficientes. Si considera que no lo son, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa procesal.
