Máximo Kirchner presentó un proyecto en el Congreso para crear un nuevo impuesto sobre las transferencias de capitales al exterior, una iniciativa que retoma la lógica política del Aporte Solidario a las grandes fortunas, aunque esta vez no grava el patrimonio, sino determinadas operaciones que impliquen la salida de fondos del país.
La propuesta profundiza el contraste entre dos enfoques fiscales. Mientras la administración de Javier Milei avanzó con reducciones de impuestos y beneficios para grandes inversiones, el kirchnerismo busca que una parte de los movimientos de divisas, valores negociables y activos virtuales hacia el exterior financie a las provincias y áreas afectadas por los recortes presupuestarios.
El Gobierno convirtió la baja de impuestos en uno de los ejes de su programa. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) estableció una alícuota de Ganancias del 25% para los proyectos alcanzados, beneficios aduaneros y estabilidad tributaria por 30 años. En mayo, además, anunció un “Súper RIGI” con una tasa de Ganancias del 15% y nuevas exenciones para determinadas inversiones.
En sentido contrario, Máximo Kirchner busca gravar un Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), que propone cobrar un 3% sobre las operaciones alcanzadas y agregar otros dos puntos cuando el destino final sean jurisdicciones de baja o nula tributación o países considerados no cooperantes.
Dos modelos fiscales
La iniciativa del líder de La Cámpora busca convertir la discusión impositiva en otro punto de diferenciación entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. El proyecto cuestiona que, al mismo tiempo que disminuyeron los recursos destinados a las provincias, el Gobierno otorgó incentivos fiscales a grandes inversiones y redujo progresivamente Bienes Personales. Para el período fiscal 2026, la alícuota máxima de ese tributo quedó en 0,75% y en 2027 será de 0,25%.
Ese diagnóstico forma parte de los fundamentos políticos del ITIC, que sostiene que entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios bajaron 8,4% en términos reales y las no automáticas cayeron 72,8%. Para el primer semestre de 2026, calcula retrocesos de 2,8% y 51,8%, respectivamente.
Máximo Kirchner ya había anticipado la intención de avanzar sobre las transferencias de fondos al exterior. “Tenemos que generar las mayorías necesarias para poder frenar este tipo de maniobras, poder penalizarlas, como una suerte de ‘tax exit’ cuando salen del país”, dijo en Radio con Vos. La referencia a las mayorías expone también el principal desafío político de la iniciativa en un Congreso fragmentado, aunque confía en que, por el destino de los recursos, contaría con el acompañamiento de los diputados que responden a los gobernadores.
Qué propone el proyecto kirchnerista
Según el texto del proyecto, el impuesto alcanza operaciones realizadas a través del mercado de cambios, Contado con Liquidación (CCL) y transferencias de divisas, valores negociables o activos virtuales hacia cuentas propias o de terceros en el exterior. Incluye a personas humanas y jurídicas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras.
No todas las operaciones quedarían gravadas. El proyecto exceptúa, entre otras, importaciones de bienes y servicios registradas ante el BCRA y ARCA, determinados pagos vinculados con salud y educación y financiamiento externo destinado a infraestructura, bienes de capital, inversión productiva o innovación tecnológica.
El kirchnerismo estima una recaudación mínima cercana a $2,89 billones. El 60% se distribuiría entre provincias y municipios, mientras que el resto se repartiría entre hospitales y políticas de discapacidad, universidades nacionales, ANSES y PAMI. El esquema establece además que las provincias adheridas deberán transferir a sus municipios al menos el 30% de los fondos que reciban.
Puntos principales del proyecto
- Grava operaciones que impliquen la salida al exterior de divisas, valores negociables o activos virtuales.
- Alcanza tres grandes tipos de operaciones: transferencias de divisas a través del mercado de cambios, operaciones de Contado con Liquidación (CCL) y otras transferencias o acreditaciones en el exterior de divisas, valores negociables o activos virtuales.
- Los sujetos alcanzados incluyen personas humanas, personas jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras, tanto residentes como no residentes.
- No quedan alcanzadas las operaciones realizadas en mercados locales con valores negociables, derivados o fondos comunes de inversión, siempre que no impliquen la transferencia o disposición de fondos o valores en el exterior.
- La alícuota general es del 3% sobre el valor de la operación alcanzada. Si el destino final es una jurisdicción de baja o nula tributación o un país no cooperante, se agrega un recargo del 2%.
- Incluye operaciones con activos virtuales, incluso a través de exchanges, plataformas descentralizadas, wallets, custodios, contratos inteligentes y transferencias P2P cuando impliquen disponibilidad final de los activos en el exterior.
- Establece una serie de exenciones, entre ellas transferencias por prestaciones de salud, medicamentos, libros, plataformas y software educativos; determinadas actividades de investigación; importaciones de bienes y servicios registradas; y ciertos financiamientos externos destinados a infraestructura, bienes de capital, inversión productiva o innovación tecnológica.
- También quedan exentas, bajo determinadas condiciones, suscripciones primarias de títulos públicos y obligaciones negociables, además de la repatriación de aportes de capital previamente declarados y registrados.
- El impuesto se cobraría en el momento de realizar la operación. Actuarían como agentes de percepción, entre otros, bancos, agentes de liquidación y compensación, proveedores de servicios de activos virtuales y determinados intermediarios financieros y fintech.
- ARCA tendría a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización, con intervención de la CNV, el BCRA y la UIF dentro de sus respectivas competencias.
- El 60% de la recaudación iría a provincias y municipios para obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda. Hasta el 20% de lo recibido por cada jurisdicción podría utilizarse para recomposición salarial en salud y educación.
- Las provincias que adhieran deberían transferir a sus municipios al menos el 30% de los recursos que reciban por este impuesto.
- El 40% restante se distribuiría de la siguiente manera: 10% para hospitales nacionales y políticas de discapacidad; 10% para universidades nacionales; 10% para ANSES, con destino a jubilaciones o bonos; y 10% para PAMI.
- Se estima una recaudación de $2,89 billones.
