La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay le dio la razón a la comunidad menonita de Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de Montevideo, y habilitó que tengan cursos dictados desde Estados Unidos y que no concurran a la educación uruguaya. La modalidad elegida por esta congregación había motivado un enfrentamiento judicial con el Estado uruguayo. Ahora sus autoridades promueven una reforma legal para inhabilitar esa forma de educación.
La comunidad menonita en Uruguay está integrada por unas 2 mil personas y, parte de ellos, se instalaron en Florida. Los niños que viven allí concurren a clases de manera particular: tienen cursos en español e inglés que son dictados por maestros de la colonia, que viajan desde Estados Unidos.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) consideró que se estaba vulnerando el derecho a la educación de estos jóvenes y por eso decidió recurrir a la Justicia. Pero en las tres instancias en las que fue analizado el caso se le dio la razón a la comunidad menonita, informó el diario uruguayo El Observador.
De esta forma, la SCJ puso fin a la disputa legal sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. La sentencia fue votada por mayoría (por tres de los cinco ministros del máximo tribunal judicial uruguayo) y validó que las niñas reciban formación mediante modalidades alternativas como el homeschooling y otras plataformas extranjeras.
Las niñas asisten a un centro de la comunidad menonita y cursan clases a distancia en una institución que no está autorizada por la ANEP, que es el órgano rector de las políticas educativas en Uruguay.
La semana pasada, el ministro de Educación del país, José Carlos Mahía, se mostró preocupado por este fallo. Su cartera está redactando un proyecto de ley para modificar un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), una de las principales normas aprobadas durante la gestión de Luis Lacalle Pou.
“Hay que ir por un camino legal. El artículo que está en la LUC de bajar o eliminar la obligatoriedad de enviar a nuestros hijos a la educación pública o privada es un error. Desde ese lugar creo que hay que trabajar, en principio desde la derogación o de la sustitución por otra norma”, dijo Mahía en una rueda de prensa.
El ministro dijo que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia pero aseguró que “pega fuerte” en la tradición de la educación uruguaya.
“Se juegan cosas muy delicadas. La mejor tradición uruguaya hace que cualquier persona envíe a un hijo a estudiar en el sector público o privado. Es parte del crecimiento, de los valores, de la identidad, el poder aprender en una espacio común con otros”, declaró el funcionario.
El sistema utilizado por la comunidad es proporcionado por HomeLife Academy, que es un instituto estadounidense que habilita a los niños a continuar su educación y obtener certificados que son reconocidos en Uruguay.
Antes de que la Justicia fallara por primera vez, el abogado de la comunidad, Daniel Torres, expresó que la comunidad “se encuentra instalada en una zona de fácil acceso”. A la iglesia “pueden asistir y asisten las personas que así lo deseen con base en el respeto a su religión, también pueden asistir a su escuela y no impiden el contacto o relacionamiento con la sociedad teniendo sus controles pediátricos y vacunas al día siendo atendidos en su salud”, expresa el escrito. La defensa también había argumentado que la actitud adoptada por los padres es “conforme a derecho”.
Los menores tienen clases de Ciencia, Música, Historia, Matemática, Lenguaje, Emprendedurismo, Mecánica, Carpintería y Cocina, además de tener “salidas didácticas” y un espacio con “cancha de fútbol”. Los padres entienden que la formación que reciben los jóvenes es de “muy alto nivel”.
