Javier Milei firma este jueves los decretos y las primeras sanciones que anunció en la cadena nacional por Malvinas y el Gobierno prevé enviar la próxima semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En Nación aseguran que las dos primeras medidas ya están terminadas y no requieren una nueva discusión política. “Los decretos ya están. Las sanciones también”, expresan en el Ejecutivo.
La única pieza del paquete que todavía necesita algunos días de trabajo es el proyecto de ley. En la Casa Rosada prevén girarlo al Congreso durante la próxima semana y descartan dividir sus principales capítulos en iniciativas diferentes. El endurecimiento del régimen de sanciones y la creación del nuevo esquema de Seguridad Nacional formarán parte del mismo expediente.
Uno de los decretos apunta a acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra las compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas alrededor de Malvinas. El Gobierno reforzará además los mecanismos de detección e intercambio de información para identificar empresas, accionistas, directores y proveedores relacionados con esos proyectos.
La decisión se traducirá también en nuevas inhabilitaciones para operar en la Argentina contra actores vinculados directa o indirectamente con la explotación británica de recursos en las islas. Milei sostuvo durante la cadena que las compañías deberán elegir entre participar de esos proyectos o mantener operaciones en territorio continental argentino.
El segundo instrumento será un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con dos destinos prioritarios: avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones. El Ejecutivo busca convertir el complejo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y ampliar la capacidad de proyección hacia la Antártida.
El proyecto de ley llegará después y concentrará la parte más estructural del paquete. La Casa Rosada propone modificar la Ley 26.659 para endurecer sanciones y penas, extenderlas a proveedores de compañías involucradas en operaciones no autorizadas e impedir que los infractores contraten tanto con el sector público como con empresas privadas en la Argentina.
La iniciativa incorporará además la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda y extenderá el régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten recursos naturales argentinos. Es la vía legislativa con la que el Gobierno pretende ampliar el alcance de las herramientas actuales y no limitar la respuesta al proyecto petrolero Sea Lion.
El mismo texto creará un Consejo de Seguridad Nacional que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía y tendrá a su cargo la definición de una política transversal para todo el Estado. También establecerá un marco para la protección de infraestructura crítica y para la vigilancia aeroespacial y marítima.
Milei pedirá además que el Congreso le otorgue a ese organismo facultades para aplicar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales y privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. La definición amplía el enfoque de la medida: el Gobierno vincula Malvinas con la protección de recursos estratégicos, el Atlántico Sur, la Antártida, las comunicaciones y la capacidad de Defensa.
El cronograma ya quedó así dividido en dos tiempos: los decretos y las sanciones se firman ahora y el proyecto integral llegará al Congreso en los próximos días. En el Ejecutivo esperan aprovechar el consenso político que genera el reclamo por Malvinas para acelerar su tratamiento y convertir el paquete anunciado por Milei en medidas operativas antes de que avance la explotación petrolera que el Gobierno denuncia en la Cuenca Malvinas Norte.
