El Gobierno instruyó a Cancillería a activar el mecanismo previsto por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar contra el avance del proyecto Sea Lion y dio dos semanas a Londres para frenar las actividades. También dispuso sanciones, denuncias penales y gestiones diplomáticas por vuelos de una empresa británica entre las islas y Punta Arenas.

El Gobierno de Javier Milei abrió este lunes un nuevo frente jurídico internacional en la disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas al ordenar el inicio de un procedimiento de arbitraje por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente, que informó que la Cancillería y los equipos jurídicos del Estado deberán activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Al mismo tiempo, Argentina intimó al Reino Unido para que en un plazo de dos semanas adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas vinculadas con Sea Lion. Si el requerimiento no prospera, el Gobierno anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La administración argentina sostiene que la explotación de hidrocarburos y el otorgamiento de nuevas licencias en los espacios marítimos en disputa se realizan de manera ilegítima y afectan los derechos soberanos que el país reclama sobre su plataforma continental.

El anuncio constituye una nueva etapa de la ofensiva desplegada durante septiembre por el Gobierno argentino contra las actividades petroleras en torno a Malvinas, en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido reconocida por las Naciones Unidas.

Qué es el proyecto Sea Lion

Sea Lion es un desarrollo petrolero ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la denominada Cuenca Malvinas Norte. Es operado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante.

Las compañías adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa del proyecto y actualmente mantienen como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028.

La fase inicial contempla la perforación de once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Las empresas prevén una segunda etapa con otros doce pozos y proyectan que la explotación pueda extenderse durante más de tres décadas.

Argentina no reconoce las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas y sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en el área requiere autorización nacional.

La ofensiva oficial ya había tenido un primer capítulo a comienzos de septiembre, cuando el Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en torno al archipiélago.

Posteriormente, el Juzgado Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar Sea Lion. Esa resolución corresponde a una causa judicial independiente de las acciones diplomáticas y administrativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Otro frente por vuelos entre Malvinas y Punta Arenas

El comunicado presidencial incorporó además una segunda línea de acción relacionada con operaciones aéreas entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas.

Según informó el Gobierno argentino, fueron detectados vuelos realizados por THALES UK LIMITED mediante una aeronave con matrícula británica que no contaban con autorización de las autoridades nacionales.

A partir de esa denuncia, Milei ordenó iniciar de manera urgente los procedimientos sancionatorios correspondientes, promover denuncias penales y avanzar con gestiones diplomáticas.

La Casa Rosada presentó ambas decisiones como parte de una estrategia destinada a utilizar instrumentos diplomáticos, administrativos y jurídicos frente a actividades que considera contrarias a los derechos soberanos argentinos.

El anuncio también incluyó un rechazo a la respuesta británica posterior al discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobierno argentino volvió a señalar que la denominación de las islas como territorio británico de ultramar y el referéndum realizado en 2013 no modifican, desde su posición, la existencia de la controversia de soberanía reconocida por la ONU.

Hasta la noche de este lunes no se había conocido una nueva respuesta oficial del Gobierno británico específicamente al anuncio del arbitraje ni pronunciamientos públicos de Navitas Petroleum o Rockhopper Exploration sobre la medida argentina.

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