Enrique Verdeguer Álvarez
Preah Vihear (Camboya), 22 sep (EFE).- Nueve meses después de que finalizara el conflicto entre Tailandia y Camboya, la nación jemer continúa enfrentándose a decenas de explosivos dispersos por el norte del país y buscando una solución para los más de 18.000 desplazados, mientras denuncia una mayor presencia de tropas tailandesas en zonas fronterizas.
El conflicto, con un primer episodio en julio de 2025 y otro en diciembre de ese mismo año, y que ambas partes se acusan de iniciar, dejó un saldo de más de un centenar de fallecidos y cientos de miles de desplazados.
Pese al alto el fuego acordado el 27 de diciembre de 2025, con mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Ministerio de Interior de Camboya acusa a Tailandia de seguir ocupando territorio camboyano, lo que Bangkok justifica como una presencia temporal hasta que haya un acuerdo definitivo.
En Camboya, uno de los países más pobres del Sudeste Asiático y que lastra aún profundas heridas del pasado - la guerra civil (1967-1975) y el sangriento régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979)- los efectos del conflicto con la nación vecina aún son muy visibles, en medio del desafío de devolver a los ciudadanos afectados a sus casas y de continuar con los trabajos de desminado en el norte.
“Mi marido es militar, así que huí de la guerra y vine aquí sola”, asegura a EFE Lin La, de 45 años, refugiada en el campo de desplazados de Ta Koeung Baitang, situado en la provincia fronteriza de Preah Vihear, al norte de Camboya.
Ubicado a unos 60 kilómetros de la frontera, en una extensa llanura, decenas de diminutas casas rodeadas por la frondosidad de la jungla forman un extenso mar de tejados verdes y paredes blancas organizado en torno a anchos caminos de tierra, por los que transitan centenares de familias que siguen sin poder regresar a sus casas.
Según datos del Ministerio de Interior de Camboya, tras los enfrentamientos cerca de 640.000 personas quedaron desplazadas, frente a unas 400.000 por la parte tailandesa.
De estas, 18.688 continúan desplazadas en Camboya, entre ellas más de 6.000 menores, residiendo en las conocidas como “Phum Rong Cham” -“Aldeas de espera” en jemer-, si bien se prevé que la mayoría de tailandeses han regresado a sus hogares.
A pocos kilómetros de los campos de desplazados, Camboya enfrenta otro problema: un gran número de minas antipersona y antitanques ubicadas en zonas rurales como la misma provincia de Preah Vihear, Pursat o Oddar Meanchey, fronterizas con Tailandia.
Fruto de la guerra civil camboyana y de la dictadura de los Jemeres Rojos, suponen una grave amenaza para la población, con más de 60.000 afectados desde que el Centro de Acción contra las Minas de Camboya (CMAC) tiene registros, y que ahora se ha agravado, según esta organización, por la presencia de explosivos sin detonar empleados durante los enfrentamientos de 2025.
De acuerdo con el CMAC, la mayoría de estos explosivos son consecuencia del uso de bombas de racimo de producción israelí por parte del Ejército tailandés, arma duramente criticada por la comunidad internacional.
Sin admitir directamente su uso, Bangkok se ha defendido asegurando que estas municiones solo serían utilizadas contra “objetivos militares”, recordando que Tailandia, al igual que naciones como Rusia o Estados Unidos, no es firmante de la Convención sobre Municiones en Racimo (CCM) de 2008.
Por otro lado, Tailandia ha acusado a Camboya de continuar con el minado fronterizo, una denuncia que Nom Pen niega, arguyendo que las minas datan del siglo pasado.
Según Heng Ratana, director general del CMAC, cerca de 360.000 ciudadanos de cuatro provincias camboyanas corren riesgo de convertirse en víctimas de estos explosivos.
“Registramos menos de 50 víctimas al año, pero el impacto indirecto es también muy fuerte (...)", aseguró a EFE, añadiendo que muchas familias huyen tras ser víctimas de detonaciones.
En el centro del conflicto se encuentra el templo de Preah Vihear, un centenario complejo religioso hindú Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que pertenece, de acuerdo con una resolución de la Corte Penal Internacional de 2013, a Camboya, pero cuyo territorio circundante es reclamado por Tailandia.
Kong Puthikar, director general de la Autoridad Nacional de Preah Vihear, asegura que, pese al alto el fuego, la actividad del Ejército tailandés “está aumentando”, especialmente en las zonas antes consideradas tierra de nadie, que “están siendo -dice- ocupadas por Tailandia para construir sobre ellas”.
El Ejército de Tailandia, mientras, asegura que se trata de una presencia temporal hasta alcanzar un acuerdo de paz definitivo, y que, según el alto el fuego, "ambas partes acordaron mantener el despliegue de sus tropas". EFE
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