
El Ministerio de Agricultura inició la derogatoria de cinco resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en municipios de Cundinamarca, una de las herramientas más visibles de la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro, con el argumento de que esas restricciones sobre el uso del suelo no se sustentaron en información completa ni en una evaluación técnica suficiente, y porque su continuidad mantendría efectos obligatorios que el propio proyecto oficial considera injustificados.
La decisión abarca 15.800 hectáreas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en la Sabana de Bogotá. Según el proyecto de resolución, esas áreas dejarán de producir efectos como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y también como determinantes de ordenamiento territorial de nivel dos desde la entrada en vigencia del acto.
El texto oficial sostiene que la derogatoria conjunta es la alternativa “más coherente” frente a dificultades estructurales y complejas detectadas en las cinco declaratorias.
El documento añade que la configuración actual de esas determinantes no permite establecer una correspondencia suficientemente sólida entre las restricciones impuestas, la realidad productiva que representan y el objetivo de protección que persiguen.
La medida marca el inicio del desmonte de una figura que el gobierno de Gustavo Petro utilizó de forma intensiva para impulsar su plan de reforma agraria. La administración de Petro destacó durante su gestión la declaratoria de 197 mil hectáreas como Appa en distintas regiones del país, incluidos Antioquia y La Guajira.
El Gobierno cuestiona la base técnica de las restricciones

El punto central de la derogatoria es técnico y jurídico. El proyecto del Ministerio de Agricultura afirma que las medidas para proteger la producción de alimentos deben apoyarse en información actual, verificable y técnicamente suficiente, además de reflejar de manera adecuada la diversidad productiva de cada territorio.
Entre los problemas identificados, el Gobierno señala falta de precisión, coherencia y representatividad en las delimitaciones. También indica que una misma actividad podía aparecer como permitida en un municipio y restringida en otro, y que se usó información preliminar sobre la frontera agrícola, en lugar de información definitiva sobre las actividades agropecuarias.
El documento sostiene que conservar los actos mientras se modifican sus componentes estructurales prolongaría efectos obligatorios sobre delimitaciones cuya justificación técnica está comprometida. Por eso concluye que los beneficios de retirar esos instrumentos específicos superan la afectación derivada de su eliminación.
El alcance práctico de las Appa era amplio. En las zonas declaradas bajo esa figura solo podían desarrollarse actividades agropecuarias reconocidas por el Gobierno nacional, mientras quedaban restringidos otros usos del suelo como hoteles, viviendas, vías, minería, industria e incluso actividades de transformación agropecuaria.
Qué cambia en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio

La resolución deroga de manera expresa cinco actos expedidos entre 2025 y 2026. Se trata de la Resolución 000626 del 13 de agosto de 2025 para Sopó, la Resolución 000393 del 14 de noviembre de 2025 para Nemocón, la Resolución 000115 del 15 de abril de 2026 para Cogua, la Resolución 000153 del 12 de junio de 2026 para Tenjo y la Resolución 000218 del 7 de julio de 2026 para Tabio.
El régimen de transición fija que las actuaciones administrativas en curso y no decididas de forma definitiva deberán resolverse con base en el ordenamiento jurídico vigente al momento de adoptar la decisión correspondiente. El texto precisa que en ningún caso podrán sustentarse en las resoluciones derogadas.
La derogatoria tampoco modifica por sí sola los instrumentos de planeamiento territorial ni los actos territoriales válidamente adoptados durante la vigencia de esas resoluciones.
El parágrafo añade que la decisión no constituye un pronunciamiento sobre la validez original de los actos derogados, ni sobre los actos particulares expedidos mientras estuvieron vigentes, ni sobre las situaciones jurídicas consolidadas.
El proyecto ordena además que la Upra y las dependencias competentes del ministerio actualicen en un plazo de 10 días hábiles los sistemas de información, visores geográficos, capas cartográficas, documentos y demás medios oficiales de divulgación.
Hasta que ese proceso termine, cualquier visor o documento oficial que siga mostrando las Appa derogadas deberá advertir de manera expresa y visible que esas delimitaciones ya no tienen vigencia jurídica.
La protección de alimentos seguirá con otros instrumentos

El propio Ministerio de Agricultura aclara que la derogatoria no elimina el deber constitucional de proteger la producción de alimentos ni deja el territorio sin regulación. El proyecto señala que seguirán vigentes instrumentos nacionales, regionales y municipales aplicables al suelo rural, entre ellos el Decreto 1544 de 2025, la Ley 388 de 1997, las determinantes ambientales de la CAR y los POT, PBOT y EOT que estén en vigor.
El decreto indica que existen otras áreas de este tipo en diferentes regiones del país que continuarán vigentes, al menos en esta etapa.
La creación de estas áreas había sido defendida por el petrismo como un mecanismo para proteger suelos de alta calidad cercanos a centros urbanos y garantizar así la seguridad alimentaria. Esa política generó choques con diversos sectores económicos por las restricciones que imponía sobre el desarrollo de zonas rurales.

La Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria advirtió sobre las consecuencias de la medida y publicó una alerta en la que sostuvo: “La producción de alimentos está en riesgo”. La organización afirmó que la propuesta “dejaría sin esta protección 15.800 hectáreas de suelo destinado a la producción de alimentos” en los cinco municipios de Sabana Centro.
Ese pronunciamiento también convocó a organizaciones campesinas, productores, gremios, autoridades territoriales y ciudadanos a revisar el proyecto y sus anexos técnicos, y a presentar observaciones en la plataforma Sucop hasta el 16 de septiembre.



