En los últimos días, un hecho de discriminación contra la discapacidad conmocionó a Córdoba. En Monte Cristo, La madre de un niño de 11 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), formalizó una denuncia penal contra la Directora de la Escuela "Maestro Domingo Nogal", Paola Lorena Moreno, imputándole los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, amenazas, desviación de poder, violencia institucional e instigación a la violencia colectiva. La acusación se remite a una serie de hechos que venían aconteciendo desde hace meses y que tuvieron su punto de quiebre a principios de agosto: "Se dio una situación de pueblada por parte de los padres que incurren en el espacio público de la escuela y directamente solicitan que sea retirado el niño con autismo de la institución, con actos de violencia, con pancartas, con señalamientos de que la burocracia y las reuniones no sirven. Luego de una situación sumamente violenta, lo que sucede justamente es que el niño se retira de la institución por decisión de la madre y principalmente por no estar dadas las garantías de seguridad", explicó el abogado Mauricio Arriagada en diálogo con Ahora Noticias de Canal 10. Como consecuencia directa de esta brutal violencia institucional, informes clínicos del equipo interdisciplinario confirmaron que el niño padece desregulación emocional severa, llanto incontrolable, terrores nocturnos y un profundo trauma psicológico. La defensa de la familia apunta al mal desempeño de la Directora del colegio, quien expuso públicamente datos sensibles de la salud del estudiante en una reunión oficial, utilizando adjetivos vejatorios, y convocó a encuentros secretos con el resto de los padres del grado para manifestar impunemente que "con el niño TEA no se puede trabajar", encendiendo la mecha del odio y la estigmatización comunitaria. Arriagada detalló cuáles son los aparentes motivos por los que la institución rechaza al niño: "La falta de adaptación y el hecho de que el niño en ciertos momentos se desregula y se levanta desde el banco. Una de las acusaciones de la familia también es que el nivel de los chicos ha caído en consecuencia de este niño. Todas situaciones que son sumamente hablables y que pueden resolverse en un acuerdo de convivencia, pero si no se le hacía parte a la familia del niño con autismo en estas reuniones públicas, en las que se ventilaba la condición de él, no es algo que pudiera llevarse adelante de manera correcta". El abogado defensor también afirmó que la familia cumplía con creces las responsabilidades con respecto a la trayectoria educativa del niño: "La propia directora de la escuela terminó concluyendo que era un caso imposible y que no lo podía mantener dentro del currículo de la escuela, siendo que es un niño que viene haciendo terapia desde sus tres años, fue a un centro educativo terapéutico antes de incluirse en esta escuela en el ciclo 2026, rindió todos los contenidos para poder estar en sexto grado de manera excelente, y además de eso, pese a que no es obligación que los padres que tienen un niño con condición de autismo tengan que llevar una docente de apoyo a la inclusión y un acompañante terapéutico, la familia lo cumplía". Mientras la Legislatura provincial trata la llamada Ley Fede para el abordaje integral del Trastorno del Espectro Autista en distintos entornos, Arriagada reafirmó la importancia de establecer protocolos de actuación claros en las instituciones educativas: "El derecho de aprender y el derecho de enseñar está constituido en la Constitución, tanto provincial como nacional. No hay ninguna diferenciación entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. En esta situación no tienen que haber grandes diferencias o barreras y si hay barreras, son barreras que se tienen que hablar en acuerdos de convivencia, que es algo que se discute continuamente en las escuelas y lo que se tiene que tener en cuenta acá es la intervención oportuna y calificada de parte de las autoridades de la dirección y del Ministerio de Educación". En este contexto, la familia del niño exige la separación preventiva e inmediata del cargo de la Directora Paola Lorena Moreno y de las autoridades cómplices por violación de los deberes de función pública; el inicio de sumarios administrativos disciplinarios y la intervención del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; la designación de custodia policial fija en la escuela para frenar la violencia colectiva y garantizar la seguridad del estudiante; y una garantía de continuidad pedagógica domiciliaria y adaptada de forma virtual e inmediata.