La Cámara Penal de Villa Dolores fijó fecha para el inicio del juicio oral y público contra la exintendenta y actual legisladora provincial Gloria Pereyra. El proceso, por la muerte de dos obreros, comenzará el próximo 10 de noviembre y se extenderá con diversas audiencias fijadas a lo largo de ese mes. En la causa también se encuentran imputados el exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Aldo Zanitti, y los ingenieros Arturo Jorge Janich y Enrique Héctor Bernáldez. Los cuatro acusados llegan al banquillo bajo la misma calificación legal: homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales en calidad de coautores. El hecho ocurrió el 16 de julio de 2019, cuando una cuadrilla trabajaba en la excavación de una zanja para una obra de infraestructura en Villa Dolores. En ese contexto, se produjo un desmoronamiento de tierra que sepultó y provocó la muerte de los dos trabajadores, Norberto Orlando Romero, de 43 años, y Rubén Damián Altamirano, de 23. SIN EMPRESA CONTRATISTA: LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL MUNICIPIO En diálogo con Ahora Noticias, por SRT Media, el abogado querellante Juan Manuel Uriz -representante de la familia de Norberto Romero- aclaró que el punto central de la acusación radica en la omisión de los deberes de control y en la falta de previsión en el lugar de trabajo: "El problema se encuentra en la negligencia, en la falta de cuidado, en la falta de previsión y en la omisión de los deberes de control y de garantías que tenía la Municipalidad", remarcó el letrado, al tiempo que enfatizó un dato clave sobre la operatoria del hecho: "Esta obra se efectuaba directamente bajo un esquema de administración municipal. No había una empresa, no estaba tercerizado ni ninguna empresa había licitado, sino que la Municipalidad la efectuaba de manera directa. Era la empleadora de los operarios". Respecto al encuadre técnico de la acusación, Uriz indicó que se mantiene la carátula culposa. "No existen elementos en esta causa que permitan inferir que vaya a ser necesario efectuar algún cambio de calificación legal a una figura dolosa. Las condiciones actuales indican que esto fue un delito con las características de un hecho no intencional", sostuvo, aunque diferenció que, si bien todos llegan como coautores, a cada uno le cupo un rol distinto dentro de la estructura institucional y técnica. EL VÍNCULO CON LAS FAMILIAS Y LA VÍA JUDICIAL Al ser consultado sobre si existió algún tipo de acercamiento por parte de la exintendenta u otros funcionarios con los deudos a lo largo de estos seis años, el querellante detalló que la compañera de Romero solo tuvo "un mínimo contacto con quien fuera en ese momento intendente" inmediatamente después del hecho, pero luego no volvió a haber comunicación. Por otra parte, Uriz aclaró que el plano económico se encuentra cerrado, ya que los familiares recibieron el correspondiente resarcimiento en el marco de la acción civil y laboral oportuna. Por tal motivo, el debate parlamentario y judicial que comenzará en noviembre en Villa Dolores se centrará de manera exclusiva en determinar la autoría y la responsabilidad penal del hecho trágico.