A través de un plan de acción, el Gobierno fijó cómo seguirán las obras en curso del FISU, el fideicomiso que había disuelto el año pasado y cuya liquidación fue frenada por la Justicia. Las jurisdicciones deberán evaluar si las financian por su cuenta, y en caso de incumplimientos se podrán rescindir convenios y recuperar fondos.