Hay transformaciones que un país puede acompañar y otras que no puede darse el lujo de ignorar. La revolución tecnológica pertenece a la segunda categoría. Inteligencia artificial, ciberseguridad, datos, biotecnología, energía nuclear o espacio no son simplemente sectores de la economía, sino parte de la infraestructura sobre la cual se produce, se gobierna y se ejerce el poder. La tecnología dejó de ser únicamente una cuestión de competitividad para convertirse también en una cuestión de autonomía estratégica.

Y es por ello que el debate que la Argentina necesita dar ya no sea el de Estado versus mercado -una discusión que pertenece a otra etapa histórica- sino qué debe hacer un Estado cuando determinadas tecnologías son demasiado importantes para dejarlas libradas exclusivamente a la lógica del mercado, pero demasiado complejas y dinámicas como para que el propio Estado pretenda desarrollarlas por sí mismo.

La respuesta que están ensayando algunos países no consiste en reemplazar a las empresas, sino en utilizar al Estado como comprador sofisticado, generador de demanda, financiador de riesgo y articulador de capacidades científicas y empresariales, particularmente allí donde existen necesidades estratégicas que el mercado por sí solo, no necesariamente tiene incentivos para resolver.

Estados Unidos ofrece un ejemplo particularmente interesante porque, lejos de abandonar su tradición de innovación privada, está profundizando la relación entre tecnología, Defensa y Estado. Programas como AI Forge -impulsado por DARPA y la National Science Foundation- conectan universidades, empresas de inteligencia artificial y organismos gubernamentales alrededor de problemas concretos de seguridad nacional. El objetivo es que Washington oriente capacidades privadas y académicas hacia necesidades estratégicas, más que producir los modelos de IA. En otras palabras, el gobierno federal no intenta convertirse en Silicon Valley, sino asegurarse de que sus capacidades puedan estar disponibles cuando una necesidad estratégica lo requiera.

Leé también: Javier Milei defendió a las empresas manejadas por IA y planteó la posibilidad de tener políticos robots

Europa, por su parte, está llegando a una conclusión similar desde una tradición política muy distinta. Durante años puso el acento en regular los mercados digitales y proteger derechos. Hoy, sin abandonar esa dimensión, ha comenzado a incorporar una preocupación diferente, preguntándose qué ocurre cuando la dependencia tecnológica se transforma en una vulnerabilidad geopolítica.

Semiconductores, inteligencia artificial, nube, datos, energía y ciberseguridad forman parte de una agenda de soberanía tecnológica que busca reducir dependencias excesivas y asegurar que Europa pueda actuar con mayor autonomía, evitando quedar incapacitada para decidir cuando una tecnología resulte crítica.

La guerra en Ucrania aceleró aún más este proceso al obligar a Kiev a comprobar que, en una guerra tecnológica, la ventaja no depende solamente de quién posee la mejor tecnología, sino de quién puede adaptarla, probarla, producirla y volver a modificarla con mayor rapidez.

Brave1 es un ejemplo concreto. El ecosistema creado por el Estado ucraniano conecta empresas, investigadores, inversores y Fuerzas Armadas para desarrollar drones, inteligencia artificial, guerra electrónica, robótica y otras tecnologías de Defensa. Su lógica no consiste simplemente en financiar startups, sino en identificar necesidades operativas, establecer prioridades, financiar desarrollos, probarlos en condiciones reales y acelerar su incorporación al campo de batalla.

Anthropic es una de las empresas que lidera la carrera de la IA. (Foto REUTERS).
Anthropic es una de las empresas que lidera la carrera de la IA. (Foto REUTERS).

Europa ha comenzado incluso a incorporar esa experiencia mediante BraveTech EU -que articula a la Comisión Europea, la Agencia Europea de Defensa y el ecosistema ucraniano- para probar tecnologías en condiciones operativas y acelerar su incorporación. No es un detalle menor, porque la UE está aprendiendo de Ucrania que la innovación tecnológica necesita usuarios capaces de probar, exigir y comprar rápidamente aquello que desarrolla.

Ese punto debería interesarnos especialmente en Argentina, ya que nuestro problema no es la ausencia de capacidades. Contamos con universidades, investigadores, empresas tecnológicas, profesionales altamente calificados, desarrollo nuclear y satelital, industria del conocimiento, empresas de ciberseguridad y capacidades en inteligencia artificial, biotecnología y agtech.

El problema aparece en el paso siguiente, ya que muchas veces hemos conseguido desarrollar conocimiento, pero no convertirlo en escala. Tenemos grandes científicos, pero no siempre empresas capaces de transformar ese conocimiento en productos; tenemos empresas competitivas, pero no siempre un mercado local sofisticado que les permita crecer; y tenemos un Estado que compra tecnología, aunque generalmente lo hace como usuario final y no como instrumento de una política tecnológica. Aquí radica uno de nuestros grandes desafíos.

Argentina no necesita proponerse simplemente “desarrollar inteligencia artificial”. Necesita identificar problemas locales que puedan ser resueltos mejor mediante inteligencia artificial y convertirlos en misiones concretas. Reducir los tiempos de diagnóstico en determinados hospitales públicos, mejorar la gestión de redes eléctricas, detectar ataques contra infraestructura crítica, optimizar sistemas de transporte, incorporar IA a procesos específicos de la administración pública o utilizar tecnología satelital para mejorar la producción agropecuaria o la prevención de incendios.

La diferencia parece semántica, pero no lo es. “Desarrollar IA” es una política tecnológica abstracta. Reducir en un 30% determinado tiempo de diagnóstico mediante IA es una misión, ya que permite definir quién investiga, quién desarrolla, quién prueba, cuánto se invierte, quién compra y qué resultados se esperan.

Esto exige también cambiar la lógica de las compras públicas. El Estado argentino es uno de los mayores adquirientes de tecnología del país y, sin embargo, buena parte de esa capacidad permanece desconectada de una política de desarrollo tecnológico. En lugar de utilizar la demanda pública para estimular soluciones competitivas, muchas veces se limita a adquirir productos terminados.

No se trata pues, de cerrar el mercado ni de subsidiar empresas ineficientes, sino de utilizar el poder de compra del Estado para generar mercados iniciales para tecnologías estratégicas, bajo reglas transparentes, competencia, objetivos verificables y mecanismos de salida cuando una solución no funciona.

Las experiencias de Estados Unidos, Ucrania y Europa muestran que, cuando una tecnología puede afectar la seguridad, la productividad o la autonomía estratégica de un país, el Estado no puede limitarse a esperar que el mercado decida cuándo y cómo desarrollarla. Pero tampoco debe pretender decidirlo todo.

Debe definir problemas y prioridades, no necesariamente las soluciones; establecer estándares, permitir competencia, asumir parte del riesgo en etapas tempranas y retirarse cuando una tecnología demuestre que puede sostenerse comercialmente. Debe comprar, probar y exigir resultados, no administrar empresas tecnológicas. Y debe evitar que una política de innovación termine convirtiéndose en una nueva burocracia.

Nuestro país tiene una ventaja que no debería desperdiciar. No parte de cero y lo que le falta no es conocimiento, sino una arquitectura capaz de conectar esas capacidades con problemas locales concretos y con mercados suficientemente grandes para permitirles crecer.

Leé también: La inteligencia artificial, otra cuestión que enfrenta a Javier Milei con el papa León XIV

El mundo tecnológico que viene no estará organizado solamente alrededor de empresas más grandes o de Estados más poderosos, sino alrededor de ecosistemas capaces de aprender y adaptarse más rápido que los demás.

Así, Argentina requiere de un Estado capaz de identificar dónde la tecnología puede resolver problemas concretos, convertir esos problemas en demanda, convocar al conocimiento disponible y generar las condiciones para que esas soluciones puedan transformarse en capacidades económicas y estratégicas propias. Y es que, en un mundo en donde la tecnología define cada vez más quién produce, quién depende y quién puede decidir, esa capacidad puede terminar siendo una de las formas más concretas de soberanía.

(*) Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital - BTR