La extensa novela del glifosato en Misiones abrió un nuevo capítulo esta semana, recargado de tintes políticos. Sucede que el gobernador Hugo Passalacqua ordenó modificar la Ley de Promoción de los Bioinsumos y derogar, en forma definitiva, el artículo que establecía la prohibición general de ese herbicida en todo el territorio de la provincia.
La decisión, que ya se convirtió en un proyecto de ley que fue presentado ante la Cámara de Representantes, se da poco después de que se formalizara la ruptura entre Passalacqua y el diputado –además de ex gobernador- Carlos Rovira, quien fue el gran impulsor de esa ley allá por 2018.
Hasta hace algunas semanas ambos integraban el espacio Encuentro Misionero, pero el actual gobernador anunció su salida y el posterior armado de Movimiento por lo que Viene, que hoy tiene 17 diputados, tres de los cuales aportaron su firma para el proyecto en cuestión.
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La iniciativa no solo apunta a derogar el artículo 7 de la Ley VIII Nº103 sino que busca reemplazarlo por una nueva redacción que marca la orientación de Passalacqua: mantener la promoción de los bioinsumos sin afectar la competitividad de los productores misioneros.
“Se establece que la utilización de bioinsumos será exigible en el territorio provincial, en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional y/o los que correspondan a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen de la Provincia de Misiones, hayan autorizado la utilización de fitosanitarios amigables con el ambiente. Queda facultado el Poder Ejecutivo Provincial para establecer los plazos, condiciones y requisitos de este proceso de transición progresiva”, indica el nuevo texto propuesto, que aguarda por su aprobación en el recinto.
Para entender las implicancias de este viraje conviene hacer memoria de los capítulos anteriores de esta historia. Ocho años atrás, el tema hizo mella en la agenda pública de la mano de un proyecto impulsado por el gobierno de Carlos Rovira, que establecía la prohibición del uso de glifosato en los centros poblados de Misiones.
El asunto escaló cuando ese político misionero, ya en su rol como legislador, avanzó con otra iniciativa para lograr lo mismo en zonas rurales. Si bien el eje central aparentaba ser la promoción de los bioinsumos en la provincia, el foco quedó puesto en el breve apartado que impedía usar ese insumo desde 2025. Curiosamente, no ponía ningún tipo de restricción a otros agroquímicos potencialmente mucho más peligrosos que el glifosato, calificado como de Banda Verde.
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En la vereda de enfrente quedaron los colonos que, a pesar de todo lo que afirmaba la provincia, no contaban –ni aun cuentan- con un sustituto para ese herbicida que tuviera probada su efectividad, y que estuviese autorizado por los países con los que Misiones comercializa.
El sector tealero fue uno de los más atentos a esa situación, siendo su principal destino comercial Estados Unidos, país donde el uso de glifosato no encuentra objeciones por las autoridades sanitarias. De hecho, allí también es el herbicida más difundido.
Pero la resistencia de los productores, así como los escándalos en los que se vio envuelto el propio Rovira, hicieron que la medida no prospere. Cabe recordar que, mientras el político prohibía ese producto, la provincia promovía a la empresa Agro Sustentable, que vendía un “bioherbicida” que prometía ser un sustituto del herbicida, y que demostró ser trucho.
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La firma -cuyos dueños eran, además, socios de su hijo- fue largamente investigada por Bichos de Campo y otros medios, a punto tal de confirmarse los nexos con el ex gobernador y el desvío de al menos 500 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco (FET) hacia esa empresa. El caso quedó, lamentablemente, en la nada, pero sirvió para demostrar los verdaderos intereses detrás de esta avanzada.
En los fundamentos de la iniciativa presentada ahora, los legisladores firmantes señalaron que “la provincia necesita buscar un equilibrio entre la vanguardia agroecológica y la realidad de los sectores productivos”, lo que reafirma el cambio de dirección del gobierno provincial.
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Esto se suma a medidas previas como el Decreto 1608/24, que dispuso la prórroga por cinco años de la entrada en vigencia de esta prohibición. Posteriormente, el Decreto 1675/25 extendió ese esquema hasta que “los organismos nacionales e internacionales competentes autoricen la utilización de fitosanitarios más amigables con el medio ambiente”.
“Debemos brindar al sector agropecuario un marco temporal adecuado para la adopción de bioinsumos, que estén aprobados en los países donde exportamos nuestros productos, no solo en defensa de nuestro ambiente sino también para fortalecer y proteger el motor productivo y económico de nuestra provincia”, concluye el texto que aguarda lograr la modificación legislativa.
