Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, recibió un nuevo revés judicial en su estrategia de defensa contra las acusaciones por presunta corrupción en la compra de medicamentos para el organismo. La Cámara Federal porteña le negó ahora un pedido para ser querellante en un rol de víctima, en otra causa penal que investiga si hubo espionaje ilegal en la filtración a la prensa de los audios que se le atribuyen.
En ellos se lo escucharía hablar de supuestos pagos de sobornos por parte de droguerías para hacerse con licitaciones en la ANDIS, que presidió desde diciembre de 2023 a agosto de 2025.
Se trata de una pesquisa paralela que investiga el origen y la obtención de esos mismos audios, iniciada en septiembre de 2025, luego de la difusión de las grabaciones en la prensa. El Gobierno nacional presentó una denuncia por la posible existencia de una organización dedicada a realizar tareas de inteligencia ilegal, obtener conversaciones privadas y luego difundirlas o manipularlas.
Desde que las grabaciones se filtraron a la prensa -y llegaron a manos de la Justicia en un pendrive con 50 audios- el exfuncionario aportó diferentes versiones: primero negó que fuera su voz hablando de un esquema de pagos de sobornos y luego dijo que el material fue editado con IA. Todo ello es en la actualidad materia de una pericia.
El silencio de Spagnuolo
Spagnuolo pretende ser querellante en esta investigación que llevan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli por la filtración de esos audios pero evita confirmar si la voz que se escucha es la suya, por lo cual no puede ser considerado víctima de nada todavía, concluyeron los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico al confirmar el rechazo al pedido por parte del juez Ercolini.
Es más, Farah cuestionó que el exfuncionario libertario haya evitado precisar cuestiones que, “por lógica, debería conocer bien: si es o no es él quien habla, qué fue dicho y qué no, ante quién, cuándo, dónde”. Esa ambigüedad, razonó, puede tolerarse en un acusado —en resguardo de sus garantías—, pero resulta “inconciliable con el rol del querellante y con su deber de atestiguar”.
En la otra causa penal donde su rol es de principal acusado, se confirmó este martes su procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita y cohecho. Allí se desarrolla una pericia para establecer si la voz de los audios le pertenece o no. Además, Spagnuolo se negó a aportar una muestra para cotejo, un cuadro de situación en el que “resulta jurídicamente imposible reconocerle la condición de víctima de las escuchas que él mismo cuestiona”, concluyó el Tribunal de Apelaciones.
“Hasta tanto no se defina ese aspecto, mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido’ en esta investigación cuyo objeto es establecer si han existido maniobras de captación de conversaciones de funcionarios públicos en presunta violación a la ley de inteligencia”, sostuvo Boico en su voto. El magistrado remarcó que la legitimación como querellante exige acreditar —“aunque sea como hipótesis”— haber sido destinatario de esas supuestas intromisiones.
Cuando reclamó ser parte acusadora, la defensa de Spagnuolo argumentó que “del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto, luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada”.
Pero el camarista Farah concluyó que la hipótesis que dan “sobre el origen de los audios que cuestionan es tan diversa e imprecisa que impide dar por cumplido uno de los requisitos esenciales que el CPPN establece para la admisibilidad de una querella: la ‘relación sucinta del hecho en que se funda’”.
En el expediente por corrupción donde Spagnuolo y otros 18 acusados quedaron con procesamiento confirmado, el juez federal Ariel Lijo ordenó en abril una pericia técnica sobre los registros sonoros a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, para determinar su autenticidad, integridad y eventual manipulación mediante inteligencia artificial. Spagnuolo se negó a aportar muestras de su voz para el cotejo y ante ello la fiscalía propuso en cambio comparar los audios con entrevistas públicas del exfuncionario en canales de televisión.
