Buenos Aires, 17 sep (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) enfrentará dos nuevos juicios por lavado de activos y asociación ilícita, correspondientes a la causa conocida como 'Hotesur-Los Sauces', que comenzarán el 23 de octubre próximo y el 19 de marzo de 2027.
El Tribunal Oral Federal 5 decidió dividir en dos procesos orales paralelos lo actuado en la investigación sobre Los Sauces y Hotesur (empresas participadas por Fernández) debido a la gran cantidad de testigos que convocarán las partes, con el objetivo de acortar los tiempos procesales.
La exmandataria cumple seis años de prisión domiciliaria y está inhabilitada para ejercer cargos públicos desde junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso de apelación de la sentencia que la había condenado por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno.
Según la investigación de 'Hotesur-Los Sauces', a cargo del juez Julián Ercolini, el lavado de activos se habría producido mediante el alquiler de habitaciones de un hotel administrado por la compañía Hotesur, que nunca se ocuparon.
La Justicia investigó además maniobras similares en propiedades administradas por la empresa inmobiliaria Los Sauces; en concreto, el pago de alquileres por Lázaro Báez y Cristobal López a cambio de las adjudicaciones de obras públicas que recibieron sus empresas entre 2003 y 2015.
Por esta causa, Fernández fue procesada por el delito de lavado de activos y sobreseída en noviembre de 2021.
No obstante, el sobreseimiento fue anulado en 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal y el procesamiento de Fernández fue confirmado luego por la Corte Suprema. A partir de este hecho, se han establecido este jueves las fechas de inicio de sendos juicios para octubre y marzo próximos.
El martes pasado, los abogados de Fernández anunciaron que presentarán una nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Justicia argentina contra la condena que cumple su defendida por la causa 'Vialidad', referida a irregularidades en la concesión de obras.
Esa prueba se refiere a que en realidad no se adjudicaron tantas obras a Báez, considerado un allegado de la expresidenta y también condenado, por lo que ven fuera de lugar la condena contra Cristina Fernández ya que se basó principalmente en las concesiones a este empresario.
La expresidenta y referente principal del peronismo, y -por ende- de la oposición, busca que se le restituyan sus derechos políticos para poder presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, en las que el actual mandatario, Javier Milei, buscará la reelección. EFE
