Durante 19 años, un empresario identificado como J.R. sometió a su hijastra a abusos sexuales mediante un esquema de manipulación, control y falsas prácticas espirituales que comenzaron cuando ella era una niña. El hombre, que se hacia pasar por médico, fue finalmente condenado este miércoles.
El juez Marco Lupica Cristo fijó la pena de 17 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal continuado agravado y corrupción de menores en la provincia de Neuquén. La sentencia quedó por debajo de los 20 años que habían solicitado la fiscalía y la querella.
La situación salió a la luz en 2022, cuando la víctima logró identificar y denunciar los abusos que, según la investigación, habían comenzado cuando tenía 7 años y se extendieron hasta los 26. El relato permitió reconstruir un entramado que se mantuvo oculto durante años dentro del entorno familiar.
La investigación estableció que los hechos ocurrieron principalmente en la casa en la que convivían, aunque también hubo episodios en oficinas vinculadas a las empresas del imputado, hoteles y un camión de transporte que tenía una cama.
La pesquisa avanzó con distintas medidas judiciales y allanamientos en la vivienda familiar. Entre el material recuperado, hubo un hallazgo que permitió reconstruir el mecanismo de control que el acusado ejercía sobre la víctima.
Encontraron cuadernos que fueron clave
Uno de los elementos más relevantes del juicio fueron cinco cuadernos que la víctima escribió durante años por orden del imputado. Los documentos fueron encontrados en la vivienda familiar, donde permanecían ocultos detrás de un placard, y quedaron incorporados como prueba en el debate.
Según la acusación, no se trataba de anotaciones libres ni de un diario íntimo convencional. El hombre obligaba a la víctima a registrar situaciones vinculadas con los abusos y convertía esa escritura en otra herramienta de control. Los textos permitieron a la fiscalía reconstruir parte de la dinámica que había quedado naturalizada durante su infancia y adolescencia.
Durante las diez jornadas del juicio, esos registros fueron considerados junto con el testimonio de la víctima, las pericias psicológicas y otros elementos reunidos en la investigación. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid sostuvo que los abusos formaban parte de una estructura prolongada de aislamiento, reglas impuestas y silencios dentro de la familia. El jurado popular, integrado por 12 personas, aceptó por unanimidad la acusación y declaró responsable al empresario.
El acusado se presentaba como “mediador espiritual”
Durante el juicio se expuso que J.R. sostenía un discurso de contenido místico para ejercer influencia sobre la víctima. Aunque no era médico, se presentaba como tal y también como una especie de “mediador espiritual”, con supuestos conocimientos para curar enfermedades y dolencias.
La acusación indicó que el hombre utilizaba referencias a energías, conjuros y prácticas curativas para explicar o justificar situaciones abusivas. Bajo ese marco, imponía normas y creencias que la niña debía cumplir. El juez señaló que el acusado logró establecer un sistema de premios y castigos que fue naturalizado por la víctima.
El juez tuvo en cuenta la falta de antecedentes condenatorios y, en menor medida, patologías planteadas por la defensa, como obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, concluyó que esos atenuantes no anulaban la gravedad de los abusos ni sus consecuencias.
El juicio
Antes de que comenzara el juicio por jurados, el empresario intentó suspender el proceso al asegurar que había sufrido un accidente cerebrovascular. Durante una audiencia, manifestó malestar, se llevó las manos a la cabeza y cayó al suelo.
Los estudios médicos solicitados durante la audiencia determinaron que estaba en condiciones de afrontar el debate. El juez de garantías Juan Manuel Kees rechazó la suspensión planteada por la defensa y el juicio comenzó el 18 de junio. Las pericias descartaron el cuadro de ACV que el empresario había alegado.
Durante todo el proceso judicial, J.R. permaneció bajo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Tras el veredicto de culpabilidad, el juez ordenó que fuera trasladado a una unidad de detención, aunque esa decisión fue posteriormente revocada por el Tribunal de Impugnación.
La condena se dictó por abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el daño causado a la salud física y mental de la víctima, por la condición del acusado como encargado de su guarda y por haber aprovechado la convivencia cuando ella era menor de edad. A esa calificación se sumó el delito de corrupción de menores.
Finalmente, el caso concluyó con una condena de 17 años, que ponderó la duración de los abusos, la relación de poder y las secuelas acreditadas en la víctima.
